La Procuraduría General de la Nación, a través de su Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social, solicitó a la Nueva EPS destinar los 203.356 millones de pesos que fueron liberados tras el levantamiento de embargos a la atención de sus afiliados y a la respuesta del sistema de salud ante la emergencia generada por el terremoto del 10 de agosto de 2026. La petición se produjo luego de que el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá suspendiera 40 procesos ejecutivos y levantara las medidas cautelares que mantenían retenidos esos recursos, los cuales pertenecen al Sistema General de Seguridad Social en Salud y cuentan con protección constitucional y legal especial.
El monto liberado asciende a 203.356.250.904 pesos, que estaban inmovilizados en el marco del proceso ejecutivo 2023-484. La Procuraduría argumentó ante el juzgado que esos dineros tienen una destinación específica y no pueden ser embargados, especialmente mientras la Nueva EPS se encuentra bajo intervención forzosa y enfrenta una emergencia social y económica derivada del sismo de magnitud 7,4 que afectó varias regiones del país. La entidad había advertido que los embargos sobre recursos de la Unidad de Pago por Capitación podían afectar el pago a hospitales, clínicas y proveedores, situación que se agravaba con la necesidad de activar un plan de contingencia para mantener la prestación de servicios en las zonas afectadas.
Protección de recursos del sistema de salud
La Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social invocó precedentes de Altas Cortes y del Tribunal Superior de Bogotá para sustentar la solicitud, además de la Circular 004 del 2 de marzo de 2026, que establece lineamientos sobre la protección de los recursos del sistema de salud frente a embargos. La Procuraduría instó a la Nueva EPS a administrar la suma de manera efectiva, oportuna y transparente, y anunció que realizará seguimiento al manejo de los recursos para garantizar que se cumpla con el objetivo de atender a los afiliados y responder a la emergencia. La entidad también recordó que la protección de estos dineros es fundamental para evitar un colapso en la prestación de servicios en un momento crítico para el país, donde las necesidades de atención en salud se han incrementado notablemente tras el terremoto del 10 de agosto.
