El Ministerio de Agricultura reveló que la administración del expresidente Gustavo Petro dejó una nómina heredada de más de 18.000 contratistas, cuyo costo para el Estado asciende a aproximadamente 1,02 billones de pesos. Según un documento interno publicado en la cuenta de X del Ministerio, la actual administración, encabezada por el ministro entrante Indalecio Dangond, calificó la situación como “la foto del derroche”, señalando a la exministra Marta Carvajalino como responsable de una estructura de contratación que compromete recursos públicos hasta diciembre de este año.
El anuncio se produce en medio de la emergencia generada por un terremoto de magnitud 7,4 que afectó a quince departamentos del país, dejando miles de familias damnificadas. La cartera agrícola criticó que, mientras esos recursos se destinan a burocracia y contratación, las víctimas del sismo continúan esperando soluciones para reconstruir sus viviendas. “La pregunta es inevitable: ¿cuántas viviendas dignas se podrían haber construido para esas familias con $1 billón?”, cuestionó el Ministerio en su declaración oficial.
El peso de la burocracia en el sector agropecuario
El consolidado de órdenes de prestación de servicios revela que la mayoría de los contratos se concentran en la Agencia Nacional de Tierras (ANT), con 9.281 contratos por un valor de 451.000 millones de pesos. Le sigue el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), con 3.056 contratistas y un costo de 153.008 millones de pesos; la Unidad de Restitución de Tierras (URT), con 2.585 contratos por 168.311 millones; la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), con 1.971 contratos por 113.000 millones; el propio Ministerio de Agricultura, con 740 contratos por 73.000 millones; la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), con 412 contratos por 41.547 millones; y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), con 322 contratos por 29.992 millones de pesos. En total, son 18.310 contratos que suman 1,02 billones de pesos comprometidos hasta el final del año.
“El despilfarro de los recursos públicos y la politiquería del Gobierno de Gustavo Petro. La nómina de contratistas que la exministra de Agricultura Marta Carvajalino dejó al ministro entrante, Indalecio Dangond, supera los 18.000 contratistas, con compromisos que llegarían hasta diciembre por cerca de $1 billón”.
Ministerio de Agricultura, declaración oficial
La actual administración sostiene que el nuevo gobierno tiene el deber de “poner la casa en orden, acabar con el despilfarro y devolver cada peso público a donde realmente se necesita: al campo, a los campesinos y a las familias colombianas”. La revelación ha avivado el debate nacional sobre el manejo de los recursos públicos y la transparencia en la contratación estatal, mientras diversos sectores sociales y políticos demandan criterios más rigurosos de austeridad y focalización presupuestaria. La publicación oficial del Ministerio, que calificó la situación como “la foto del derroche”, deja sobre la mesa una pregunta que resuena en medio de la emergencia: si el billón de pesos comprometido en nóminas paralelas pudo haber aliviado la tragedia de miles de hogares devastados por el terremoto.
