Luis Enrique Rojas, expresidente de Hocol, solicitó este jueves 20 de agosto ser reconocido como víctima dentro del proceso judicial que se adelanta contra Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol, por el presunto tráfico de influencias en la compra de un lujoso apartamento en el norte de Bogotá. La petición fue presentada durante la audiencia de acusación que comenzó al mediodía en el Juzgado 6 de Conocimiento de Bogotá, donde el abogado de Rojas, Diego Henao, argumentó que al oponerse a la entrega directa de un contrato de regasificación a la empresa Gaxi SA ESP, su representado fue objeto de hostigamientos, amenazas y presiones que terminaron por afectar su permanencia como presidente de la filial de Ecopetrol.
La investigación contra Ricardo Roa se originó por la compra del apartamento 901 en el exclusivo sector de Chicó, en Bogotá. El inmueble fue adquirido por un valor de 1.800 millones de pesos, mientras que su precio comercial real supera los 2.727 millones, lo que deja un diferencial de 927 millones que la Fiscalía considera un presunto soborno. Según el ente acusador, Roa habría negociado el apartamento a un precio inferior al de mercado a cambio de favorecer a Juan Guillermo Mancera, representante de Gaxi SA ESP, con un contrato de regasificación vinculado al proyecto Chuchupa-Ballena LNG en La Guajira.
Una oposición que generó represalias
En ese contexto, Luis Enrique Rojas, quien presidía Hocol en ese momento, se habría opuesto a que el contrato fuera adjudicado directamente a Gaxi por no cumplir los requisitos establecidos. Esa negativa, según el abogado Diego Henao, desencadenó una serie de actuaciones en contra de su representado. Desde agosto de 2024, Rojas habría sufrido episodios de acoso laboral y amenazas, incluyendo la interceptación de un vehículo de su esquema de seguridad en diciembre de ese mismo año. Ya en los primeros meses de 2025, tras las presiones constantes, habría recibido mensajes que sugerían su salida de la filial petrolera.
Durante la audiencia, la fiscal del caso, Claudia Garrido, sostuvo que la actuación de Roa fue indebida y que existió una clara intención de favorecer intereses particulares. La funcionaria fue contundente al señalar que las presiones ejercidas sobre el entonces presidente de Hocol no fueron un hecho aislado, sino parte de una estrategia para asegurar el direccionamiento del contrato.
«La influencia ejercida por Ricardo Roa sobre el presidente de Hocol fue indebida, pues estuvo orientada a favorecer intereses particulares del señor Mancera»
Claudia Garrido, fiscal del caso
Por su parte, el abogado de Luis Enrique Rojas explicó que la solicitud de reconocimiento como víctima busca que se tenga en cuenta el daño emocional y profesional causado. El abogado Diego Henao detalló que la sola oposición al negocio direccionado hacia Gaxi fue el detonante de las represalias que sufrió su cliente, y que por eso pide que se le reconozca formalmente esa condición en el proceso.
«Precisamente por haberse opuesto a que dicho negocio fuera direccionado hacia esta empresa, mi representado habría sido objeto de hostigamientos, amenazas y actuaciones encaminadas a afectar su permanencia como presidente de Hocol»
Diego Henao, abogado de Luis Enrique Rojas
La defensa de Ricardo Roa, sin embargo, rechaza esa versión. El abogado Juan David León Quiroga aseguró que no es cierto que Rojas se haya opuesto al negocio, y que por el contrario dio gestión a la solicitud de Gaxi e incluso suscribió memorandos de entendimiento entre Hocol y la empresa de Mancera. Para la defensa, la narrativa de la Fiscalía y de Rojas no corresponde a lo ocurrido, y por eso se opone a que el expresidente de Hocol sea acreditado como víctima.
«No es cierto que se haya opuesto (…) Dio gestión a la solicitud de Gaxi y suscribió memorandos de entendimiento entre Hocol y Gaxi»
Juan David León Quiroga, abogado defensor de Ricardo Roa
La petición de Luis Enrique Rojas añade un nuevo matiz a las acusaciones contra Ricardo Roa, al quedar expuestas las tensiones internas que habría generado el presunto direccionamiento del contrato y las posibles represalias contra quien se opuso. Tanto la Fiscalía como la Procuraduría respaldan la solicitud de Rojas, mientras que la defensa de Roa intenta frenarla. La decisión final quedó en manos del juez del Juzgado 6 de Conocimiento de Bogotá, y su pronunciamiento podría ser determinante para el rumbo del juicio y para las responsabilidades penales que se deriven de este entramado de presiones y sobornos.
