Diez días después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Pereira, la atención a los miles de damnificados enfrenta nuevas denuncias que ponen en entredicho la transparencia en la entrega de ayudas. Una fuente anónima citada por el diario El Colombiano reveló que en el albergue del parque Olaya Herrera, donde permanecen alrededor de 1.500 personas, grupos de jóvenes habrían tomado el control de los espacios, decidiendo quién recibe alimentos y restringiendo el acceso a funcionarios municipales y soldados, a quienes incluso habrían señalado como “paramilitares” para obligarlos a retirarse. La denuncia encendió las alarmas sobre un posible acaparamiento de recursos y la presencia de personas no afectadas que buscan acceder a los apoyos, mientras el censo oficial aún no se consolida.
El personero de Pereira, Leonardo Fabio Reales Chacón, reconoció la complejidad de la situación. “Atender a la comunidad en medio de una circunstancia como esta es muy complejo. Las instituciones, por muy organizadas que estén, difícilmente están preparadas para atender situaciones de esta magnitud”, afirmó en declaraciones recogidas por El Colombiano. Reales Chacón admitió que la emergencia superó la capacidad de respuesta del municipio y reclamó una presencia más efectiva del Gobierno Nacional. En cuanto a la posibilidad de falsos damnificados, el personero señaló que no existen casos oficiales documentados: “Lo que existe son mensajes que han circulado en medios de comunicación y redes sociales”. Sin embargo, advirtió que la verificación de beneficiarios será una tarea clave para evitar el desvío de ayudas.
Control irregular en el parque Olaya Herrera
Según el relato de la fuente anónima, la situación en el parque Olaya Herrera se tornó insostenible. “Eran carpas divididas: las de la Alcaldía y unas carpas que están ahí controladas por esos muchachos. Ellos decían a quién le entregaban el almuerzo y a quién le entregaban la comida, y nadie más”, describió. El testimonio añade que un camión con mercados llegó al lugar y funcionarias de la Alcaldía fueron apartadas de forma grosera, mientras los militares también fueron obligados a retirarse. La administración municipal, en coordinación con la Procuraduría, la Defensoría y la Personería, inició el censo de damnificados en dos puntos principales: el parque El Lago y el propio parque Olaya Herrera. Como medida para descongestionar este último albergue, se proyecta el traslado de una parte de los damnificados al Coliseo Menor.
“Eran carpas divididas de la Alcaldía y unas carpas que están ahí controladas por esos muchachos. Ellos decían a quién le entregaban el almuerzo y a quién le entregaban la comida y nadie más”.
Fuente anónima citada por El Colombiano
Las cifras del desastre continúan siendo estremecedoras. El balance más reciente reporta 100 fallecidos, más de 157 desaparecidos y 253 heridos. Sesenta y seis inmuebles fueron destruidos por completo, y se proyecta la demolición de más de 200 edificaciones con afectaciones graves. Los daños se concentraron en el centro de la ciudad, la comuna universitaria de la zona occidental y sectores densamente poblados como Providencia y Cuba. Además, más de 100 instituciones educativas resultaron afectadas. Aunque el personero Reales Chacón estima que aproximadamente 40.000 personas o familias resultaron damnificadas, aclaró que se trata de una cifra tentativa mientras se consolida el censo oficial, que sigue abierto y cuenta con el apoyo de líderes comunitarios.
La emergencia evidenció la fragilidad de la preparación institucional ante eventos de esta magnitud. Mientras el censo avanza y se verifican las identidades de los damnificados, las autoridades enfrentan el desafío de garantizar que las ayudas lleguen a quienes realmente las necesitan, sin que grupos ajenos a la crisis se apropien de los recursos. El traslado al Coliseo Menor y la vigilancia conjunta entre entidades de control buscan restaurar el orden en la distribución, pero la desconfianza persiste entre los afectados que aún esperan una respuesta integral del Estado.
