La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación preliminar por el delito de amenazas para esclarecer una presunta infiltración del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la Defensoría del Pueblo regional con sede en Ocaña, Norte de Santander, tras la filtración de información confidencial que habría puesto en riesgo la vida de un defensor de derechos humanos. El caso, que estremece a la institucionalidad, tiene como protagonistas al defensor regional Ever Jesús Pallares, quien renunció a su cargo, y a su tía, alias Silvana Guerrero, cuyo nombre real es Luz Amanda Pallares, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN y una de las cabecillas más buscadas del país, por quien se ofrece una recompensa que supera los 1.600 millones de pesos colombianos.
Según la denuncia, el 12 de febrero de 2025 el defensor afectado recibió un mensaje amenazante atribuido al ELN que contenía detalles precisos sobre su labor humanitaria y jurídica con víctimas del conflicto y exintegrantes del Frente 33 de las Farc que se sometieron a la justicia. «Lo alarmante es que la información contenida en ese mensaje coincide con detalles precisos de mi labor humanitaria y jurídica», declaró el denunciante a Noticias RCN, añadiendo que esos datos «solo tenían conocimiento en tiempo real la Defensoría del Pueblo Regional Ocaña y el Ejército Nacional». La filtración habría facilitado las amenazas, lo que llevó a la Fiscalía a indagar si hubo revelación de secreto, concierto para delinquir agravado, terrorismo, prevaricato, abuso de autoridad y posibles vínculos con grupos armados ilegales.
Parentesco y renuncia
La investigación se ha centrado en el vínculo familiar entre el defensor regional Ever Jesús Pallares y la cabecilla del ELN, ya que es sobrino de alias Silvana Guerrero. Ante la gravedad de los hechos, Pallares presentó su renuncia al cargo. La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado oficial en el que aseguró que «la renuncia permite preservar la confianza institucional y que la acción judicial se desarrolle sin ningún tipo de interferencia». La entidad también aclaró que «ha actuado bajo la convicción de que los vínculos de consanguinidad con personas que han cometido crímenes y causado daños irreparables a la población civil no permiten atribuir a una persona las conductas de sus familiares», aunque afirmó que brindará toda la colaboración requerida por las autoridades.
Las cifras de la violencia en el Catatumbo
Alias Silvana Guerrero es señalada por las autoridades como responsable de más de 100 muertes, así como de provocar 56.000 desplazamientos forzados y 23.000 confinamientos en la región del Catatumbo, una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado en Colombia. La recompensa por su captura supera los 1.600 millones de pesos, lo que refleja la peligrosidad que representa para la seguridad de la población civil.
Las declaraciones del denunciante
«Lo alarmante es que la información contenida en ese mensaje coincide con detalles precisos de mi labor humanitaria y jurídica. De los cuales solo tenía conocimiento en tiempo real la Defensoría del Pueblo Regional Ocaña y el Ejército Nacional».
Defensor de derechos humanos (denunciante), declaración a Noticias RCN
Investigación en curso
La denuncia presentada ante la Fiscalía también solicita que se verifiquen los vínculos contractuales, financieros y disciplinarios de Carlos Pallares, otro funcionario de la Defensoría en Ocaña desde 2020, y su posible parentesco con alias Silvana Guerrero. El objetivo central de la pesquisa es determinar si hubo una penetración del ELN en una entidad estatal encargada de proteger a víctimas del conflicto, lo que, de confirmarse, representaría una grave afectación a la credibilidad de las instituciones que trabajan por la defensa de los derechos humanos en medio del conflicto armado colombiano.
El caso sigue en desarrollo mientras la Fiscalía recopila pruebas y la Defensoría del Pueblo reitera su compromiso de colaborar plenamente con las autoridades judiciales para esclarecer los hechos y evitar que la filtración de información confidencial siga poniendo en riesgo la vida de quienes trabajan por la paz y la justicia en regiones como el Catatumbo.
