El expresidente Gustavo Petro criticó el decreto de emergencia económica firmado por el presidente Abelardo de la Espriella para atender la crisis del terremoto del 10 de agosto de 2026, señalando que la medida se limita a endeudar a la clase media damnificada. A través de un mensaje en la red social X, replicado la mañana del viernes 21 de agosto, Petro se sumó a las objeciones del senador Wilson Arias, del Pacto Histórico, quien calificó el decreto como una estrategia que convierte en deuda lo que debería ser una garantía del Estado.
El decreto de emergencia económica, social y ecológica fue firmado el 19 de agosto, nueve días después del sismo de magnitud 7,4 que sacudió quince departamentos del país, incluyendo Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo, Norte de Santander, Bolívar, Nariño y Sucre. La medida, vigente por 30 días, faculta al Gobierno a expedir decretos con fuerza de ley para enfrentar la calamidad, pero senadores y exmandatarios han cuestionado su enfoque.
Críticas al endeudamiento como solución
En su mensaje, Petro afirmó que “lo único que propone Abelardo es endeudar a la clase media damnificada por el terremoto”. El senador Wilson Arias amplió la crítica al señalar que los llamados créditos preferenciales significan que “el que lo perdió todo, además, que pague intereses. Eso no es una garantía, es un préstamo”. Arias insistió en que “un gobierno que solo ofrece crédito está renunciando a dar garantías económicas”.
“¿La única alternativa para una familia que perdió su casa es endeudarse?”
Wilson Arias, senador del Pacto Histórico
El senador también comparó al presidente de la Espriella con su antecesor, Ivan Duque, al preguntar: “Abelardo no sea un Duque 2.0, adóptelo”. La frase refleja la desconfianza de sectores progresistas hacia la política de emergencia, que consideran insuficiente frente a la magnitud de la tragedia. Según Arias, “un crédito deja una deuda, un empleo construye un futuro y una casa”.
Las cifras de la tragedia
El terremoto del 10 de agosto, ocurrido apenas tres días después de que Abelardo de la Espriella asumiera la presidencia el 7 de agosto, dejó un saldo de 319 muertos, 4.469 heridos y 260 desaparecidos. Las pérdidas económicas se estiman entre el 1% y el 1,8% del PIB, es decir, cerca de 30 billones de pesos, según el decreto. El Servicio Geológico de Estados Unidos, citado en el mismo documento, calculó los daños entre USD 1.000 millones y USD 10.000 millones. Además, se generaron entre 1,5 millones y 2,4 millones de toneladas de escombros.
El decreto reconoce que la estrechez fiscal limitaba la capacidad de respuesta estatal, lo que motivó la búsqueda de nuevos recursos mediante créditos y otros mecanismos. Entre las medidas previstas están alivios tributarios temporales, reasignaciones presupuestarias, operaciones de crédito más ágiles, uso del Sistema General de Regalías, ampliación de Obras por Impuestos y mecanismos extraordinarios con activos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). El Gobierno ya comunicó el decreto al Congreso, la Corte Constitucional, la ONU y la OEA.
Propuestas alternativas desde el Congreso
Frente a lo que considera un enfoque asistencialista, el senador Wilson Arias propuso un Programa Público de Empleo que contrate a trabajadores y Mipymes afectadas, así como un Programa de Construcción de Vivienda Pública. “Un crédito deja una deuda, un empleo construye un futuro y una casa”, sentenció. La propuesta busca que el Estado actúe como garante directo, no como prestamista, en medio de la catástrofe que afectó a regiones que aportan el 11,5% del abastecimiento de alimentos del país.
El debate pone sobre la mesa la capacidad del Gobierno de la Espriella para responder a una emergencia nacional en sus primeros días de mandato, mientras la oposición señala que la clase media, que perdió sus viviendas y bienes, no puede cargar con más deudas en un contexto de incertidumbre económica. El cupo de endeudamiento anual aprobado asciende a USD 17.273.146.933, y la subcuenta principal del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres apenas alcanza los $47.265.782.863, una cifra que resulta ínfima frente a los 30 billones de pérdidas estimadas.
