En una inusual y contundente intervención pública, la magistrada Cristina Lombana, integrante de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, denunció que ha sido víctima de una sistemática presión por parte de cuatro de sus cinco colegas hombres para ser apartada de los casos más sensibles que cursan en el despacho. La denuncia se produce en el marco del proceso que se sigue contra la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú, investigada por su presunta vinculación con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), y cuando se acerca el fin del período de la magistrada en la sala.
Lombana se defendió de las acusaciones de extralimitación en el ejercicio de sus funciones en el caso de la senadora Peralta, señalando que su actuación estuvo siempre ajustada a la ley. Reveló que los magistrados Francisco Javier Farfán Molina, Marco Antonio Ruedo Soto, César Augusto Reyes Medina y Misael Fernando Rodríguez Castellanos han votado en bloque y de forma reiterada para promover su apartamiento de expedientes que ella misma venía instruyendo. “De los cinco magistrados hombres que integran esta sala han sido cuatro quienes de manera reiterada y votando en bloque han promovido mi apartamiento de procesos que yo venía instruyendo”, afirmó Lombana, quien aseguró que estos intentos se daban precisamente en casos que “habían trascendido la opinión pública, expedientes sensibles, expedientes que incomodan, expedientes que posiblemente tocaban intereses que preferían permanecer en la oscuridad”.
El origen de la controversia
La controversia se intensificó luego de que los cuatro magistrados hombres remitieran a la Comisión Legal de Acusación e Investigaciones de la Cámara de Representantes y a la Procuraduría General, encabezada por Gregorio Eljach Pacheco, un memorial presentado por el abogado defensor de la senadora Peralta, Marlon Fernando Díaz Ortega. En el oficio, fechado el 27 de julio de 2025, los togados solicitan evaluar la “posible incidencia penal y disciplinaria” de las actuaciones de Lombana, a las que la defensa califica como una extralimitación en el ejercicio de competencias coercitivas que afectarían el derecho de defensa y el debido proceso de su representada.
Frente a estos señalamientos, la magistrada Lombana fue enfática al rechazar cualquier irregularidad. “Quiero ser absolutamente clara. Esa actuación fue avalada por jueces constitucionales y se ajustó con rigor a la ley”, declaró en un pronunciamiento público, en el que sostuvo que ha ejercido su función judicial “con independencia, con apego estricto a la ley y sin doblegarme ante presión alguna”.
«Separarme de expedientes que habían trascendido la opinión pública, expedientes sensibles, expedientes que incomodan, expedientes que posiblemente tocaban intereses que preferían permanecer en la oscuridad»
Cristina Lombana, magistrada de la Corte Suprema
La magistrada optó por no detallar la naturaleza específica de los ataques que ha recibido durante su período, argumentando que prefiere no desalentar a futuras aspirantes a ocupar cargos en las altas cortes. No obstante, dejó una advertencia contundente para las próximas generaciones de mujeres en la judicatura. “Las mujeres que en el futuro ocupen un lugar como el que yo pronto voy a dejar, tienen derecho a saber que esas dinámicas existen para que sepan reconocerlas y no se dejen intimidar por ellas”, sentenció Lombana, poniendo sobre la mesa una discusión sobre las barreras de género que persisten en el poder judicial colombiano, incluso en sus más altas esferas.
