La Fiscalía General de la Nación imputará al general Federico Mejía, actual jefe de Educación y Doctrina del Ejército, por su presunta responsabilidad en la liberación irregular de un supuesto narcotraficante y la devolución de estupefacientes incautados durante la Operación Perseo en el Cauca. Los hechos ocurrieron el 31 de enero de 2024 en el corregimiento El Plateado, municipio de Argelia, cuando el oficial, al mando del Comando Específico Conjunto de Cauca, habría ordenado el retorno del detenido y la sustancia decomisada al lugar de captura, según la investigación delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
La Fiscalía atribuye al general Mejía los delitos de prevaricato por acción, favorecimiento, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. Además, se investiga su posible participación en concierto para delinquir, peculado por aplicación oficial y abuso de función pública. Se espera que la Judicatura fije fecha para la audiencia de imputación, en la que se conocerán en detalle los argumentos del ente acusador, que sostiene que el oficial revirtió el resultado de una captura realizada por unidades militares, ordenando la liberación del detenido y la devolución de la droga, y habría consignado datos falsos en informes oficiales presentados a los altos mandos.
Los cargos y la defensa del general Mejía
De acuerdo con información del Ejército Nacional, 36 militares participaron en el proceso de liberación del detenido, entre ellos un coronel, un teniente coronel y un mayor. Ante las acusaciones, el general Mejía ha manifestado su defensa asegurando que actuó con apego a la ley. En declaraciones citadas por El Tiempo, el oficial afirmó que «se actuó con honor, transparencia y con el único fin de salva la vida conforme a la ley. Todo fue informado a la Fiscalía oportunamente, no hubo encubrimiento».
«Se actuó con honor, transparencia y con el único fin de salva la vida conforme a la ley. Todo fue informado a la Fiscalía oportunamente, no hubo encubrimiento»
General Federico Mejía, citado por El Tiempo
El caso se enmarca en la Operación Perseo, una estrategia del gobierno de Gustavo Petro para golpear las economías ilícitas en el cañón del Micay, zona con fuerte presencia de grupos armados ilegales. La investigación golpea una de las intervenciones más sensibles del Gobierno nacional en la región, pues apunta a la devolución del capturado junto con la droga incautada, lo que ha generado un intenso debate sobre los procedimientos militares en la lucha contra el narcotráfico.
Transparencia en la información
Paralelamente, el Tribunal Administrativo del Cauca ordenó al Ejército entregar información del caso al medio Semana, tras considerar que no se logró acreditar la configuración de un daño presente, probable y específico como lo exigen la norma y la jurisprudencia constitucional. En su fallo, el tribunal indicó que el Ejército «no logró acreditar la configuración de un daño presente, probable y específico como lo exigen la norma y la jurisprudencia constitucional; como tampoco demostró que la información era clasificada y reservada, se trata de información pública a la que puede tener acceso el periodista». Este fallo refuerza la necesidad de transparencia en un caso que mantiene en vilo a las fuerzas militares y al Gobierno nacional, mientras la Fiscalía avanza en las indagaciones contra el general Mejía por varios delitos, entre ellos concierto para delinquir, peculado por aplicación oficial y abuso de función pública.
