Cuatro magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en una acción sin precedentes, remitieron a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y a la Procuraduría General de la Nación una queja formal contra la magistrada Cristina Lombana. El documento, que fue redactado originalmente por el abogado Marlon Fernando Díaz Ortega, defensor de la senadora Martha Peralta Epieyu, denuncia presuntas irregularidades procesales en la investigación que adelanta contra la congresista por hechos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Los magistrados Francisco Javier Farfán Molina, Marco Antonio Rueda Soto, César Augusto Reyes Medina y Misael Fernando Rodríguez Castellanos firmaron la remisión del escrito, donde se exponen «posibles irregularidades» en la manera en que la magistrada ha ejercido sus competencias coercitivas, lo que a juicio de los quejosos habría vulnerado el derecho de defensa y las garantías del debido proceso de la senadora.
El escándalo judicial ha tenido un fuerte impacto político, pues el expresidente Gustavo Petro se pronunció de manera contundente, calificando el caso de «persecución política desde la misma Corte Suprema de Justicia». En sus declaraciones, el exmandatario cuestionó los titulares de desprestigio sobre la senadora Peralta, a quien describió como una indígena wayúu elegida por el pueblo. Por su parte, la magistrada Lombana ha rechazado de plano las acusaciones, defendiendo su labor y señalando que sus decisiones han sido avaladas por jueces constitucionales. En una jornada de trabajo que ella misma describió como intensa, Lombana reveló que de los cinco magistrados hombres que conforman la sala, han sido cuatro los que de manera reiterada y votando en bloque han promovido su apartamiento de los procesos que ella venía instruyendo, dejando el dato para quien quiera contarlo: cuatro contra uno en decisiones que la afectan.
«En dicho documento se informa sobre la ocurrencia de situaciones que pudieron haber tenido incidencia en el ejercicio efectivo del derecho de defensa y en las garantías propias del debido proceso (p. 3) y se señalan posibles irregularidades en la manera en que se han desplegado las competencias coercitivas dentro de esa actuación penal»
Texto firmado por los magistrados remitentes
La queja y la denuncia de persecución
El escrito presentado ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara y la Procuraduría, que dirige Gregorio Eljach, expone que en la investigación contra la senadora Peralta se habrían presentado situaciones que pudieron haber tenido incidencia en el ejercicio efectivo del derecho de defensa y en las garantías propias del debido proceso. El abogado de la senadora, Marlon Fernando Díaz Ortega, fue quien redactó originalmente el documento, y los cuatro magistrados decidieron elevarlo a las instancias competentes para que investiguen posibles faltas penales y disciplinarias. La magistrada Lombana, sin embargo, ha señalado que los ataques en su contra, que posiblemente incluyan razones de género, en lugar de amilanarla la han fortalecido, y ha reiterado que sus decisiones siempre han estado ajustadas a derecho.
El caso ha puesto de manifiesto una profunda fractura al interior de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, donde cuatro magistrados hombres han actuado en bloque contra la única mujer de la sala. Mientras el expresidente Petro vincula el proceso con un supuesto desprestigio contra la senadora Peralta, la magistrada Lombana insiste en que su trabajo ha sido impecable y avalado por instancias superiores. La Comisión de Investigación y Acusación y la Procuraduría deberán ahora determinar si existen méritos para abrir una investigación formal contra la magistrada Lombana por las presuntas irregularidades denunciadas.
