El presidente Abelardo de la Espriella, a través de su secretario jurídico Andrés Barreto, objetó por inconstitucional e inconveniente el proyecto de ley 056 de 2024 Cámara – 345 de 2024 Senado, que buscaba impedir que se disminuyeran los requisitos para acceder a cargos directivos del sector público. La decisión fue anunciada mediante un comunicado oficial de la Presidencia, en el que se argumenta que la iniciativa irrumpe en facultades exclusivas del Gobierno, varía competencias consultivas del Consejo de Estado y hace más lento y burocrático el nombramiento de personal directivo, entorpeciendo procesos clave como la modernización del Estado en áreas como la inteligencia artificial o la transición energética.
El proyecto, impulsado por el congresista Hernán Cadavid del Centro Democrático, pretendía establecer requisitos mínimos más estrictos para altos cargos públicos, privilegiando el mérito. Sin embargo, el Ejecutivo señaló que ya existe una norma vigente, el Decreto Ley 770 de 2005, que regula dichos requisitos, por lo que la nueva ley resultaría innecesaria. La objeción implica que el Congreso deberá revisar nuevamente el proyecto, y el Gobierno invitó a archivarlo o ajustarlo a la luz de los argumentos presentados.
Defensa desde el Legislativo
Hernán Cadavid reaccionó con sorpresa a la objeción, manifestando que se enteró por medios de comunicación de la decisión del Gobierno de objetar una ley que, según dijo, fue aprobada con mucho esfuerzo para proteger el mérito en Colombia. El congresista anunció que defenderá el proyecto desde el Senado y la Cámara de Representantes, donde espera dar la discusión con argumentos sólidos frente a las objeciones presentadas por el Ejecutivo.
«El proyecto exige tres trámites previos, estudios internos del departamento administrativo de función pública y concepto del Honorable Consejo de Estado, para poder proveer el nombramiento en el servicio público, lo cual haría más lento y burocrático a la provisión de cargos de personal directivo, entorpeciendo la modernización del Estado en áreas como la inteligencia artificial o la transición energética».
Andrés Barreto, secretario jurídico de la Presidencia
Desde el Gobierno, se asegura que se está abierto a hacer más accesible el servicio público, implementar una política de cazatalentos y actualizar perfiles profesionales. Según el Ejecutivo, la iniciativa objetada perpetuaría exigencias excesivas que se convierten en barreras para jóvenes, personas de regiones apartadas y mujeres calificadas. Por ello, defienden una administración pública basada en capacidades, pero insisten en que es necesario actualizar los perfiles para evitar la exclusión de estos grupos.
Cadavid, por su parte, replicó en redes sociales que califica de «innecesaria e inconveniente» la posición del secretario jurídico sobre su norma, y reiteró su compromiso de defender la propuesta en el Congreso. La discusión ahora se traslada al Legislativo, donde se espera un debate que definirá el futuro de la iniciativa y el equilibrio entre mérito y flexibilidad en la administración pública colombiana.
