La junta directiva de Ecopetrol, con una nueva mayoría tras la salida de tres integrantes afines al petrismo, aprobó el inicio de una auditoría forense interna para esclarecer presuntos actos de corrupción en contratos y nombramientos ejecutivos. La decisión fue oficializada bajo el liderazgo de Luis Felipe Henao, presidente de la junta, en coordinación con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez. Como primera medida, se ordenó el aseguramiento de documentos y correos electrónicos tanto de la casa matriz como de sus filiales, mientras se indagan audios, grabaciones, testimonios de extrabajadores y denuncias anónimas que han acumulado indicios sobre irregularidades. La investigación abarca desde la casa matriz en Colombia hasta las oficinas de Houston, y se centra en al menos cinco episodios recientes de presunta corrupción, entre ellos la contratación de gas, proyectos de energía solar y la designación de altos ejecutivos.
La salida de los tres miembros de la junta que respondían al petrismo abrió paso a una nueva correlación de fuerzas que permitió la aprobación de la auditoría. Entre los nombres que aparecen en el centro de las pesquisas están Ricardo Roa, expresidente interino de Ecopetrol; Juan Carlos Hurtado, actual presidente interino; y Ricardo Rodríguez Yee, responsable del área de cumplimiento. También se menciona a Verónica Alcocer, esposa del expresidente Gustavo Petro, y a los catalanes Xavier Vendrell y Manel Grau, quienes habrían tenido reuniones con ejecutivos de la petrolera para discutir términos de referencia de millonarios procesos. Una fuente vinculada a la investigación interna señaló que “se están documentando reuniones en las que ejecutivos de Ecopetrol iban a rendir cuentas y a llevar información de términos de referencia de millonarios procesos”.
Los episodios bajo la lupa
Uno de los casos que más atención concita es el presunto desembolso de 5 mil millones de pesos para facilitar el regreso de un directivo que había sido apartado de Ecopetrol tras el escándalo del derrame de Lizama y un caso de corrupción en Casanare. “Por el regreso de uno de ellos, que había sido sacado de Ecopetrol por el llamado escándalo del derrame de Lizama y por un caso de corrupción en Casanare, se habrían desembolsado 5 mil millones de pesos”, afirmó un ejecutivo vinculado a la investigación. Además, se investiga la compra de Termomorichal I y II, que implicó un desembolso de 42 millones de dólares cuando inicialmente se había previsto que la adquisición sería sin costo. En el plano de los nombramientos, al menos dos vicepresidentes y otros directivos habrían ascendido gracias al financiamiento de un empresario identificado como Jaime A., conocido con el alias de ‘el bachiller’. Este mismo personaje, según las pesquisas, habría realizado un “importante aporte oculto a una reciente campaña política”.
“Por el regreso de uno de ellos, que había sido sacado de Ecopetrol por el llamado escándalo del derrame de Lizama y por un caso de corrupción en Casanare, se habrían desembolsado 5 mil millones de pesos”
Ejecutivo vinculado a la investigación interna
Otro episodio que se examina es el del apartamento 901, un caso que ya cursa un proceso por tráfico de influencias y que está vinculado a presiones atribuidas a Ricardo Roa y su pareja, Julián Caicedo. En audios que han salido a la luz aparece también el alias ‘la costilla’, señalado por beneficiar contratos de mantenimiento y exigir sobornos. La compra de gas a través de la oficina de Houston no se concretó, según las fuentes, por la negativa tanto de Juan Carlos Hurtado como de Ricardo Roa. Por su parte, Luis Enrique Rojas, exdirectivo de la empresa, declaró que fue convocado a una reunión por Manel Grau, en representación de Verónica Alcocer, para negociar apoyos a cambio de designaciones. Eva Ferrer, exasesora de Alcocer, reconoció haber promovido un proyecto conjunto con Ecopetrol, pero aseguró que nunca se concretó ni involucró a la entonces primera dama. La auditoría forense, que avanza con el resguardo de pruebas, busca establecer responsabilidades y determinar si figuras políticas, empresariales y extranjeras intervinieron indebidamente en la distribución de cargos y contratos dentro de la petrolera más grande del país.
