Un tribunal federal de Estados Unidos anuló la suspensión de visados de inmigrante que afectaba a ciudadanos de Colombia y otros 74 países, ordenando la evaluación individual de cada solicitud. La jueza Jeannette Vargas, del Distrito Sur de Nueva York, emitió el fallo el sábado 22 de agosto, declarando la política como «manifiestamente ilegal» por no realizar revisiones caso por caso. Las partes deberán proponer cómo resolver el caso hasta el 11 de septiembre, mientras que la administración aún no ha anunciado si apelará la decisión.
La política suspendida, impuesta por el gobierno de Donald Trump en enero pasado, se basaba en un argumento del secretario de Estado, Marco Rubio, quien afirmaba que los solicitantes de estos países representaban «un alto riesgo de depender de la asistencia social o de convertirse en una carga para las finanzas públicas». El criterio utilizado para elaborar la lista de 75 naciones, que incluye a Colombia, Brasil, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay, fue que más del 30% de los hogares inmigrantes de esos países recibían asistencia pública, según datos del Consejo de Asesores Económicos. Desde enero, miles de solicitudes fueron rechazadas únicamente por la aplicación de esta medida, sin que los funcionarios consulares analizaran las circunstancias particulares de cada peticionario.
«Un alto riesgo de depender de la asistencia social o de convertirse en una carga para las finanzas públicas»
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU.
Reacciones de los demandantes y organizaciones legales
La decisión judicial fue celebrada por las organizaciones que representan a los demandantes, entre los que se encuentran cinco profesionales colombianos. Joanna Cuevas Ingram, abogada del National Immigration Law Center, calificó el fallo como «una victoria significativa para los cientos de miles de familias en todo el país y el mundo cuyas vidas se vieron sumidas en el caos debido a la prohibición de visas, ilegal y discriminatoria, impuesta por esta Administración». Por su parte, Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, señaló que se trata de «
