La exconsejera Presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, rompió su silencio luego de la denuncia presentada por la exfiscal Lucy Laborde sobre presuntas presiones en el caso de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro. Ortiz afirmó que su proceso penal, relacionado con la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), fue construido con testigos falsos y que la Fiscalía ha engavetado órdenes de la Corte Suprema de Justicia, en un aparente intento por proteger a ciertos actores políticos. Las declaraciones de ambas mujeres, publicadas en la revista Semana, exponen una serie de irregularidades que involucran directamente a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, y a abogados cercanos al presidente Petro.
Lucy Laborde, quien fungió como fiscal del proceso contra Nicolás Petro por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, reveló que recibió presiones directas de la fiscal Camargo para modificar la acusación. Según Laborde, en una reunión con la fiscal general, Camargo le cuestionó la inclusión del delito de lavado de activos y le sugirió eliminarlo, dejando únicamente el de enriquecimiento ilícito. “La señora fiscal General me dice: ‘Bueno, doctora, ¿y cómo ve el lavado de activos?’ Le dije: ‘Sí hay’. La delegada, la doctora Aura Liliana, se sorprendió. Recuerdo hasta su expresión y me dice: ‘¿Pero por qué hay lavado de activos?’ Le explico los hechos y me dice: ‘¿Por qué no le quita el lavado de activos y le deja enriquecimiento ilícito?’”, narró la exfiscal. Además, Laborde señaló que hubo propuestas de preacuerdo, incluso una que llegó a través del abogado Alejandro Carranza, pero que no se concretaron porque, tras estudiar las posibilidades, consideró que no era viable.
La denuncia de Sandra Ortiz: testigos falsos y presiones para acusar a ministros
En paralelo, Sandra Ortiz aseguró que su caso fue armado con testigos falsos, mientras la Fiscalía se ha negado a investigar las órdenes emitidas por la Corte Suprema. “Hoy todo empieza a verse más claro. Acabaron con mi vida construyendo un caso con testigos falsos, mientras llamativamente la Fiscalía se ha negado a investigar y engaveta las propias órdenes de la Corte Suprema de Justicia. ¿Todo para proteger a quién? La verdad siempre sale a la luz”, manifestó la exconsejera. En una audiencia judicial ocurrida en mayo de 2026, Ortiz ya había denunciado un episodio similar: un coordinador de la Fiscalía le habría exigido acusar a ministros del Gobierno Petro o, de lo contrario, enfrentaría una imputación y medida de aseguramiento. “Entregándoles mi celular, acudiendo, acudí muchas veces a la Fiscalía antes de que me dieran la medida de aseguramiento. Y como se lo dije, un día el coordinador de la Fiscalía, porque eso fue lo que me dijo, me dijo: ‘Si usted no acusa ministros y no tiene chats, la vamos a imputar y le vamos a dar medida de aseguramiento’”, relató Ortiz.
“Hubo propuestas de preacuerdo y ya al final, pues no. Se hizo un estudio de todas las posibilidades, habidas y por haber. Y no, no se pudo hacer ese preacuerdo. Inclusive, ya después, cuando llegó el doctor (Alejandro) Carranza al proceso, me envió una propuesta de preacuerdo por abuso de confianza, y pues no; tampoco”.
Lucy Laborde, exfiscal
Nicolás Petro Burgos, por su parte, también se pronunció, pero para cuestionar a la revista Semana sobre la entrevista realizada a Lucy Laborde. El hijo del presidente reclamó que no se le preguntara a la exfiscal cómo vulneró los derechos de su hijo menor al mostrar su rostro en una audiencia judicial y hacer públicos los sitios de recreación que frecuentaba el niño. Según Petro, esta conducta llevó a que se compulsaran copias disciplinarias contra Laborde. “Por qué en la entrevista a la señora Lucy Laborde no le preguntaron cómo violentó los derechos de mi bebé al mostrar su rostro y hacer público en una audiencia judicial los sitios a donde mi bebé frecuentaba para su recreación? Por esta clara vulneración, a la señora Lucy le compulsaron copias disciplinarias”, escribió Petro en sus redes sociales.
Las denuncias cruzadas entre la exfiscal Laborde y la exconsejera Ortiz, sumadas a las acusaciones de Nicolás Petro, ponen en el centro del debate a la Fiscalía General de la Nación y a su directora, Luz Adriana Camargo. Mientras Laborde sostiene que hubo presiones para rebajar la acusación contra el hijo del presidente, Ortiz insiste en que su caso fue montado para proteger a terceros. La Corte Suprema de Justicia, que ha emitido órdenes de investigación que, según Ortiz, han sido engavetadas, podría tener que intervenir para esclarecer si existen irregularidades en el manejo de estos procesos. Por ahora, las declaraciones de ambas mujeres han generado un fuerte revuelo político y judicial, con implicaciones que podrían alcanzar al propio Gobierno nacional.
