En una contundente declaración que sacude el panorama de la emergencia ambiental que azota al centro del país, el Gobierno nacional, a través del ministro del Interior, Rodrigo Lara, ha vinculado a grupos criminales con la autoría de los devastadores incendios forestales que consumen vastas zonas del departamento del Tolima. Durante una rueda de prensa, el alto funcionario señaló directamente a presuntos integrantes de disidencias de las Farc y a redes vinculadas con la minería ilegal como los responsables de provocar el fuego, y en un giro decisivo, ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien suministre información que permita identificar y capturar a los culpables. La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, ya había instaurado una denuncia formal ante la Fiscalía para que se investigue el origen de las conflagraciones, que han puesto en jaque a comunidades enteras y a los cuerpos de emergencia.
La atribución de responsabilidades no se limita solo a la región tolimense. Según la información revelada por el ministro Lara, existe un patrón de comportamiento sospechoso que se replica, no solo en los municipios del Tolima afectados por el fuego, sino también en sitios donde se atienden las consecuencias del fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto, particularmente en Cali, Valle del Cauca, y en el departamento del Cauca. El ministro denunció la presencia de grupos de personas que, lejos de auxiliar en las labores de rescate, se dedican a entorpecer el trabajo de los bomberos y la fuerza pública, lanzando insultos y profiriendo arengas políticas. “Se tiene información de que personas presuntamente ligadas a la gran minería ilegal que se presenta en municipios como Ortega o a grupos de narcoterroristas, como las organizaciones de las llamadas disidencias, puedan estar provocando estos incendios para sembrar el caos y distraer la acción de la fuerza pública”, afirmó tajantemente el ministro.
Un patrón de sabotaje y desinformación
Desde la cartera de Interior se ha detallado que el modus operandi de estos grupos sería buscar deliberadamente la desestabilización. El ministro Lara advirtió que estas personas, que han sido incluso expulsadas por las propias comunidades locales, llegan a los puntos críticos con el “único objetivo de crear una narrativa de que el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, y las autoridades departamentales y municipales no están haciendo nada”. Esta estrategia, según el análisis del Gobierno, busca desacreditar la respuesta estatal ante la emergencia y generar un clima de zozobra. La situación se ha vuelto tan delicada que las autoridades han constatado que, tanto en Tolima como en los sitios de atención al sismo en Cali, los mismos individuos han protagonizado actos de hostigamiento, incluyendo insultos a rescatistas y acciones dirigidas contra ciudadanos “israelíes”, denunció el funcionario.
“Nosotros respetamos todas las expresiones políticas, respetamos el derecho pleno y total, porque así lo garantiza la Constitución, de ejercer la oposición, pero en los cauces democráticos. No nos gustan y no son compatibles con la Constitución ni con el Estado de derecho, frentes de lucha que pongan en peligro la vida de los colombianos y que perturben la acción legítima de la fuerza pública para garantizar la aplicación de la ley en todo el territorio nacional”.
Rodrigo Lara, ministro del Interior
Con la oferta de una recompensa millonaria, el Gobierno busca incentivar a la ciudadanía a colaborar con las autoridades para dar con el paradero de los señalados responsables. La investigación, que ahora está en manos de la Fiscalía General de la Nación, deberá esclarecer los vínculos exactos entre los incendios, la minería ilegal que prolifera en municipios como Ortega y las estructuras armadas que, se sospecha, estarían aprovechando la crisis ambiental para atacar la institucionalidad. Mientras tanto, los esfuerzos por contener las llamas y proteger a la población continúan, en un escenario donde la emergencia climática se entrecruza con la amenaza de la violencia criminal.
