El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) presentó una denuncia formal contra Inravisión, el Sistema de Medios Públicos de Colombia, por el presunto desvío de cerca de 7.255 millones de pesos que estaban destinados a convenios educativos y programas de la Vicepresidencia hacia servicios de pauta digital durante los meses críticos de la campaña presidencial de 2026. La ministra de las TIC, Alexandra Falla, y la gerente de Inravisión, Ángela Mora, señalaron que los recursos, asignados originalmente a proyectos del Ministerio de Educación y del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), fueron orientados a asuntos digitales en plena época electoral, vulnerando el propósito social de los convenios.
Según la investigación interna, de un convenio de 10.000 millones de pesos suscrito con el Ministerio de Educación, se destinaron 6.362.619.652 pesos a pagos de servicios digitales, mientras que de otro convenio con el Dapre, por un total de 1.500 millones de pesos, se desviaron 892.845.137 pesos para el mismo fin. Las empresas contratistas identificadas fueron 3D MOBILE 3DM SAS, que recibió 1.364.619.653 pesos, y PROWESS SAS, que obtuvo 4.997.999.999 pesos. Los contratos se ejecutaron entre marzo y agosto de 2026, un período que coincidió con las elecciones al Congreso y las dos vueltas presidenciales (31 de mayo y 21 de junio), lo que ha generado suspicacias sobre una posible interferencia electoral. Además, la auditoría detectó más de 1.051 contratos por un valor superior a los 100.000 millones de pesos durante todo el año 2026, y en particular 87 contratos por aproximadamente 4.000 millones de pesos firmados el 6 y 7 de agosto, fechas cercanas al cambio de gobierno.
Suspensión de programación informativa en emisoras de paz
En paralelo a la denuncia por presunto desvío de recursos, la nueva administración de Inravisión, liderada por la gerente Ángela María Mora, ordenó la suspensión temporal de la emisión de noticias, boletines, programas informativos y espacios de locución en las emisoras de paz, al menos 20 frecuencias ubicadas en municipios como Florida, Bojayá, Arauquita, Puerto Leguízamo, Algeciras, El Tambo, Chaparral, Ituango, Convención, Fonseca y San Jacinto. La instrucción, comunicada a los periodistas a través de un mensaje de WhatsApp, indicaba: “Se suspende temporalmente la emisión de noticias, boletines, programas informativos y espacios de locución, hasta nueva instrucción”. En su lugar, las franjas pasaron a ser “exclusivamente musicales” y las emisiones se centralizaron desde Bogotá.
«Se suspende temporalmente la emisión de noticias, boletines, programas informativos y espacios de locución, hasta nueva instrucción».
Mensaje de la gerencia de Inravisión a periodistas de las emisoras de paz
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazó categóricamente la medida, advirtiendo que afecta el cumplimiento del numeral 6.5 del Acuerdo de Paz de 2016, que exigía que las frecuencias de las emisoras de paz estuvieran operativas antes de 2026 con una parrilla equitativa para víctimas, movimientos sociales y cooperativas de las extintas FARC. La organización consideró que la suspensión de contenidos informativos vulnera el derecho a la información en regiones históricamente marginadas y que la centralización desde Bogotá desconoce la autonomía local que debía caracterizar a estos medios.
La denuncia del MinTIC se produce en un contexto de transición en la dirección de Inravisión. Durante el cuatrienio de Gustavo Petro (2022-2026), la entidad estuvo bajo la gerencia de Holman Morris, a quien luego sucedió Abelardo de la Espriella y posteriormente Ángela María Mora, quien asumió como gerente actual. La ministra Falla y la gerente Mora han puesto los hallazgos en conocimiento de la Procuraduría y la Contraloría, que serán las encargadas de determinar si hubo una desviación ilegal de recursos públicos. Mientras tanto, el escándalo suma presión sobre el manejo de los medios públicos y la transparencia en la ejecución de los convenios en un año electoral que ya pasó, pero cuyas cuentas aún están por resolverse.
