Decenas de personas en Cartagena que aceptaron escanearse el iris y el rostro a cambio de una compensación económica de 20.000 pesos colombianos han denunciado en redes sociales ser víctimas de presuntos fraudes financieros, incluyendo la apertura de créditos y cuentas bancarias sin autorización. Estas quejas emergen días después de que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenara el cierre definitivo de las operaciones de las organizaciones World Foundation y Tools for Humanity en Colombia, las cuales estuvieron detrás de la recolección masiva de datos biométricos en el país.
La SIC, mediante una resolución fechada el 18 de junio de 2026, ratificó la orden de cierre que ya había emitido en octubre de 2025. En su investigación, la autoridad concluyó que las empresas tecnológicas internacionales no obtuvieron un consentimiento «verdaderamente libre y suficientemente informado» por parte de los ciudadanos. Asimismo, determinaron que no entregaron información clara, suficiente y comprensible sobre las finalidades, condiciones y operaciones del tratamiento de los datos.
Denuncias ciudadanas tras el cierre
Tras conocerse la resolución de la SIC, varios habitantes de Cartagena comenzaron a reportar en plataformas digitales que, meses después de haber participado en el escaneo, detectaron movimientos inusuales en su historial crediticio y la apertura de productos financieros que jamás solicitaron. Aunque las denuncias aún no han sido formalizadas ante las autoridades financieras, lo ocurrido refuerza los argumentos de la Superintendencia, que desde el principio cuestionó la legalidad del proceso por considerar que el pago ofrecido constituía un incentivo indebido que viciaba la libertad del consentimiento.
«El sistema World ID conserva la capacidad de identificar o individualizar a una persona mediante sus patrones biométricos, por lo que el vínculo entre la información y su titular permanece vigente, aun cuando los datos estén protegidos mediante cifrado o fragmentación»
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)
La SIC desestimó el argumento de las empresas de que los datos estaban cifrados y fragmentados hasta volverse anónimos. La autoridad consideró que la posibilidad de asociar fragmentos de información con personas identificables basta para mantener la condición de dato personal y, por lo tanto, sujeto a todas las garantías de la ley colombiana. En consecuencia, la resolución de junio exige la supresión definitiva de todos los datos personales sensibles recolectados, incluidos los códigos de iris, y ordena que una entidad externa certifique la eliminación de la información.
La decisión de la SIC reafirmó que el consentimiento para tratar datos biométricos debe ser libre, informado y no condicionado a incentivos económicos, un criterio que ahora cobra mayor relevancia ante las denuncias ciudadanas en Cartagena. Se espera que la Fiscalía y la Superintendencia Financiera evalúen si los casos reportados están directamente vinculados con la filtración o uso no autorizado de la información recolectada por estas organizaciones tecnológicas.
