El exsenador de Cambio Radical Édgar Jesús Díaz Contreras fue denunciado ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por presunto tráfico de influencias en el nombramiento de su esposa, Laura Cristina Cáceres, como secretaria de Educación de Norte de Santander. La denuncia fue interpuesta por el abogado Juan Carlos Portilla, quien sostiene que Díaz utilizó su poder político para que su cónyuge ocupara el cargo en dos periodos: de enero de 2020 a agosto de 2021 y nuevamente desde enero de 2024 hasta agosto de 2026. La Sala Especial de Instrucción aún no ha decidido si abre una investigación formal por estos hechos.
Portilla señaló que la influencia electoral de Díaz en la región, concentrada en Norte de Santander, agrava las sospechas de tráfico de influencias. Además, indicó que existen indicios de que el exsenador podría estar evaluando una candidatura a la gobernación del departamento. Díaz, quien nació en Chinácota el 15 de febrero de 1961, fue concejal de Cúcuta entre 1998 y 2007, gobernador de Norte de Santander en 2011 y secretario de Hacienda y Educación durante el mandato del actual gobernador William Villamizar. Su renuncia al Senado se produjo apenas un mes antes de terminar su periodo legislativo.
Antecedentes judiciales y bienes incautados
El exsenador ya figuraba en expedientes judiciales antes de esta denuncia. En julio de 2025, la Fiscalía incautó siete inmuebles vinculados a Díaz, al gobernador William Villamizar y al contratista Pedro Antonio Silva Ruíz, como parte de una investigación por presuntas irregularidades en un contrato firmado en 2009 para el suministro de materiales pétreos, con irregularidades que se extendieron hasta 2012. De esos bienes, tres están asociados directamente a Díaz, uno al gobernador y tres al contratista Silva. El valor acumulado de los bienes incautados supera los 3.390 millones de pesos.
Las irregularidades en contratos públicos investigadas habrían desviado más de 3.000 millones de pesos, con un posible detrimento patrimonial superior a 3.700 millones. Las diligencias de incautación se realizaron en Bogotá, Los Patios y Villa del Rosario, con apoyo del CTI y el Ejército Nacional. En 2017, la Fiscalía ya había imputado a Díaz y a Villamizar por irregularidades en un contrato por 6.000 millones de pesos, lo que agrava el panorama judicial para el exsenador. La nueva denuncia por tráfico de influencias se suma a un historial que, según el abogado Portilla, revela un patrón de uso de poder político para beneficiar a familiares y allegados en la administración pública del departamento.
