La disposición inadecuada de residuos voluminosos como colchones, muebles y escombros en el espacio público de Bogotá se ha convertido en una infracción que puede costar hasta 933.816 pesos a partir de 2026. La sanción, clasificada como comparendo tipo 4, es impuesta por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en coordinación con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), y aplica cuando estos desechos son abandonados en andenes, parques o cualquier zona no autorizada. El valor de la multa rige para el próximo año, y su incumplimiento no solo afecta el bolsillo de los ciudadanos, sino que también puede generar intereses y restricciones legales al cabo de seis meses, como impedimentos para acceder a cargos públicos, contratos estatales o permisos de venta.
Para evitar estas sanciones, el Distrito ha dispuesto canales legales y gratuitos de recolección. A través de la Línea 110, los ciudadanos pueden solicitar el servicio de recogida a domicilio de hasta dos metros cúbicos de residuos voluminosos, aunque el cupo diario está limitado a las primeras 200 llamadas. Además, la Uaesp instala mensualmente 310 Ecopuntos móviles en distintos puntos de la ciudad, cuya ubicación cambia cada semana y debe consultarse en la plataforma Aseo Bogotá. Estos mecanismos buscan evitar que materiales como madera, muebles o colchones terminen en las calles, afectando la limpieza y el ornato de la capital.
Consecuencias y canales de pago
Los comparendos impuestos pueden ser consultados y pagados a través de la plataforma LICO (Liquidador de Comparendos). Para quienes prefieran la atención presencial, existen puntos como los CADE, SuperCADE y Casas de Justicia. La Secretaría Distrital de Seguridad también atiende consultas vía WhatsApp, a los números 301 445 7292 y 324 681 4036, de lunes a viernes entre las 7:00 a. m. y las 4:30 p. m. Adicionalmente, el ciudadano sancionado puede ser convocado a programas pedagógicos sobre manejo de residuos, como alternativa complementaria a la multa. No pagar la infracción en el plazo de seis meses no solo aumenta la deuda con intereses, sino que también activa restricciones legales que pueden afectar la vida laboral y comercial del infractor.
