El exministro de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez lanzó una dura crítica contra el gobierno de Abelardo de la Espriella por haber optado por un derecho de petición de 666 preguntas en lugar de realizar un empalme formal con la administración saliente de Gustavo Petro. Para Sánchez, esta decisión representa un grave riesgo para la seguridad nacional, ya que impide la transmisión del contexto y las prioridades necesarias para una gestión adecuada en áreas sensibles como la defensa. La entrega directa de información fue suspendida el pasado 7 de julio de 2026, dejando un vacío que el exfuncionario comparó con un relevo de turno entre médicos donde el paciente se llama Colombia.
Las declaraciones de Sánchez se producen en medio de la controversia generada por el ‘Libro de la Verdad’, un documento gubernamental que reseña presuntos hechos de corrupción en varios sectores, incluyendo Defensa. El caso 14 de ese libro se enfoca en el contrato Codaltec, vinculado al proyecto Escudo Nacional Antidrones. Sánchez, quien fue uno de los artífices de la estrategia de defensa durante la administración anterior, considera que un informe de ese nivel de importancia estratégica exige precisión y contexto, algo que no se logra con un simple derecho de petición.
Las cifras del escándalo antidrones
Según lo explicado por el exministro, el caso Codaltec involucra una disparidad de cifras que generan confusión. Mientras el ‘Libro de la Verdad’ reportaba inicialmente un contrato por 60.300 millones de pesos, el valor final del mismo ascendió a 81.300 millones de pesos. Esta diferencia, para Sánchez, es una muestra de la imprecisión que puede generarse cuando no hay un empalme entre gobiernos. Pero el proyecto va más allá: la inversión estimada solo para la primera fase del Escudo Nacional Antidrones asciende a un billón de pesos, una suma que requiere de un análisis técnico y contextual profundo.
“Un empalme de gobierno se parece al relevo de turno entre médicos. La diferencia es que, en este caso, el paciente se llama Colombia”
Pedro Arnulfo Sánchez, exministro de Defensa
Sánchez también aclaró un punto clave: el contrato Codaltec, que está en el centro de la polémica, se firmó en junio de 2025, antes de la creación formal del Escudo Nacional Antidrones, que fue establecido en 2026. Esto significa que no se trató de una contratación realizada en el marco del proyecto actual, sino de un paso previo. Además, advirtió que un sistema antidrones completo debe integrar múltiples componentes: detección, identificación, seguimiento, inhibición, mando y control, entrenamiento y una regulación normativa robusta. En sus palabras, ningún equipo en el mundo, por sí solo, constituye una capacidad integral antidrones.
“Ni esos equipos ni ninguno en el mundo, por sí solo, constituye una capacidad integral antidrones”
Pedro Arnulfo Sánchez, exministro de Defensa
El proceso de evaluación de tecnología fue exhaustivo: durante siete meses, equipos técnicos de las fuerzas armadas analizaron ofertas de 119 empresas provenientes de 21 países. Las conclusiones de estos análisis fueron claras: no existe una solución única y eficaz contra drones, y Colombia necesita una arquitectura multicapa adaptada a sus necesidades específicas. Para Sánchez, este contexto es fundamental para entender las decisiones técnicas y financieras que se tomaron, y su ausencia genera errores que podrían haberse evitado.
“Ese intercambio habría permitido aclarar oportunamente muchas de estas inquietudes y evitar pérdida de tiempo y esfuerzos valiosos para la protección del país”
Pedro Arnulfo Sánchez, exministro de Defensa
El exministro dejó claro que la falta de un empalme directo no solo genera desinformación, sino que pone en riesgo la eficacia de las políticas de seguridad. La transición entre el gobierno de Gustavo Petro y el de Abelardo de la Espriella ha estado marcada por esta controversia, que ahora amenaza con retrasar o descarrilar proyectos estratégicos como el Escudo Nacional Antidrones, una iniciativa clave para la protección del espacio aéreo colombiano.
