Los 18 ministros del gabinete del presidente Abelardo de la Espriella reportaron un patrimonio líquido conjunto de 28.577 millones de pesos, con deudas acumuladas por 6.426 millones de pesos, según las declaraciones de renta publicadas en el portal de Función Pública en cumplimiento de la Ley 2013 de 2019. Los documentos, correspondientes al año gravable 2024 —excepto el del ministro de Vivienda, cuya declaración es de 2025—, revelan un patrimonio neto promedio por funcionario de 1.587 millones de pesos, con marcadas diferencias entre los extremos del grupo.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, encabeza la lista con un patrimonio de 5.160 millones de pesos, seguido por el titular de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, con 4.145 millones, y la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, con 3.383 millones. En el extremo opuesto se encuentran el ministro del Interior, Rodrigo Lara, con 155,8 millones; la ministra del Deporte, Juliana Gutiérrez, con 173,8 millones, y la ministra de Trabajo, Natalia López, con 307,5 millones. El análisis de estos patrimonios sugiere una correspondencia con las trayectorias profesionales previas de los funcionarios, quienes en su mayoría provienen del sector privado.
El pasivo que cargan los ministros
En materia de deudas, la ministra de Salud, Ana María Vesga, reporta el mayor endeudamiento, con 1.793 millones de pesos, seguida por Rodrigo Lara, con 1.146 millones, y el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, con 795,4 millones. Del otro lado, dos ministros declararon no tener deudas: el propio Miguel Gómez Martínez y el canciller Omar Nicolás Bula. El resto del gabinete presenta obligaciones que van desde los 732,6 millones de Natalia López hasta los 5 millones reportados por el ministro de Transporte, Mauricio Gómez Amín.
«La mayoría proviene del sector privado y no tenía experiencia previa en la administración pública»
Camilo Cuervo, socio de Holland & Knight, citado por Asuntos Legales
La publicación de estas declaraciones se da en el marco de la Ley 2013 de 2019, que obliga a la divulgación de información patrimonial y tributaria de altos cargos del Estado para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. Para el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Mauricio Salazar, esta obligación permite un control social efectivo.
«La obligación de publicar las declaraciones de renta permite a la sociedad vigilar posibles incrementos patrimoniales injustificados durante el ejercicio del cargo»
Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana
El ranking completo de patrimonios netos ubica en los primeros lugares a Iván Cancino (5.160 millones), Miguel Gómez (4.145 millones), María Nohemí Arboleda (3.383 millones), Viviane Morales (2.873 millones) y Ana María Vesga (2.303 millones). En orden descendente, le siguen Elsa Noguera con 2.130 millones, Paola Holguín con 1.972 millones, Jaime Beltrán con 1.208 millones, Omar Nicolás Bula con 946,4 millones, Alexandra Falla con 840,7 millones, Fabio Arjona con 798 millones, Jorge Eduardo Mora con 662,6 millones, Claudia Benavides con 644,5 millones, Mauricio Gómez Amín con 553,5 millones, Indalecio Dangond con 316,2 millones, Natalia López con 307,5 millones, Juliana Gutiérrez con 173,8 millones y Rodrigo Lara con 155,8 millones. En cuanto a las deudas desglosadas, además de los tres mayores deudores, figuran Natalia López con 732,6 millones, Fabio Arjona con 13,1 millones, Jaime Beltrán con 11,5 millones, María Nohemí Arboleda con 6,4 millones y Mauricio Gómez Amín con 5 millones. La medida, que busca facilitar tanto el control social como el institucional, permitirá monitorear la evolución de bienes y obligaciones durante el ejercicio del cargo, previniendo posibles conflictos de interés.
