El presidente Abelardo de la Espriella ordenó este domingo 23 de agosto, durante un consejo de seguridad en Barranquilla, el inicio inmediato de operativos conjuntos entre Migración Colombia y la Policía Nacional para identificar y deportar a extranjeros que se encuentren cometiendo delitos o en situación migratoria irregular en esa ciudad, con alcance a todo el territorio nacional. La medida responde a la preocupación por un aumento de delitos en la capital del Atlántico y a una posición política que el mandatario anunció durante su campaña, dando prioridad a los nacionales colombianos en el acceso a derechos y oportunidades.
“Aquí no voy a aceptar migración ilegal. Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos, para que le quede claro a todo el mundo”, afirmó de la Espriella al dar a conocer la instrucción. La orden establece un orden claro de acción: primero serán identificados y deportados los extranjeros que estén cometiendo delitos, y luego aquellos que no tengan regularizada su situación migratoria. “La orden a migración es clara y ahorita lo llamamos al general, que empiecen los operativos coordinados con la policía de Barranquilla para dar con los inmigrantes ilegales. Primero, los que están cometiendo delitos. Segundo, los que no tienen regularizada su situación y en el término de la distancia tendrán que ser deportados”, declaró el presidente.
Giro en la política migratoria
La decisión marca un cambio significativo respecto a las gestiones anteriores, que habían apostado por estrategias de regularización como el Permiso por Protección Temporal (PPT), creado mediante el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (Decreto 216 de 2021). Ese permiso, expedido sin costo por Migración Colombia, permitía a los venezolanos acceder a derechos básicos y representaba una respuesta humanitaria al flujo migratorio sostenido. Sin embargo, el nuevo Ejecutivo endurece los controles y acelera las deportaciones, en un contexto donde la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) estima que hasta 3 millones de venezolanos podrían residir en Colombia para 2025, generando presión sobre los servicios públicos y desafíos de integración.
“Es una orden presidencial que se debe empezar a cumplir esta misma semana. No voy a aceptar a inmigrantes ilegales de donde sea que vengan, que estén cometiendo ofensas en Colombia. Se van y los deportamos. Es una decisión política y yo la asumo, y es una decisión administrativa, yo la asumo”
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia
El presidente fue enfático al recordar que esta postura ya la había planteado durante la campaña electoral. “Esta es una posición que he tenido en campaña y que voy a implementar desde la Presidencia de la República. No solamente los extranjeros que están cometiendo ilegalidades, crímenes, sino también los que han violado la norma, y aquí no voy a aceptar migración ilegal”, sostuvo. La instrucción representa un desafío operativo para las autoridades migratorias y policiales, que deberán desplegar los operativos en Barranquilla en los próximos días y luego extenderlos a otras ciudades del país, mientras organizaciones humanitarias y de derechos humanos siguen de cerca la implementación de una medida que podría afectar a cientos de miles de migrantes venezolanos que han buscado refugio en Colombia.
