El Juzgado Promiscuo del Circuito de Yolombó, Antioquia, impuso una sanción de tres días de arresto y una multa equivalente a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes al exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman, por incumplir una orden de tutela que protegía el debido proceso de un grupo de campesinos del municipio de Vegachí. La decisión, conocida el lunes 24 de agosto de 2026, se originó luego de que el Tribunal Superior de Antioquia revocara un fallo inicial adverso a los campesinos el 29 de abril del mismo año y ordenara a la ANT dejar sin efecto las actuaciones administrativas de recuperación de baldíos que se adelantaban en la vereda El Jardín, así como notificar personalmente a los afectados.
El origen del caso se remonta al procedimiento de recuperación de baldíos que la ANT inició en esa zona rural de Vegachí, sin que los campesinos que habitaban y trabajaban esas tierras fueran notificados de manera personal. Esta omisión, según determinó el Tribunal Superior de Antioquia, vulneró el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes, quienes no pudieron intervenir ni ejercer su defensa en etapas cruciales del trámite administrativo. La acción de tutela fue interpuesta por un grupo de campesinos representados por el abogado Jorge Ramírez Pulgarín, de la firma One Legal.
Incumplimiento que derivó en sanción
A pesar de la orden judicial clara emitida en abril, la ANT no cumplió con la notificación personal efectiva ordenada, lo que llevó al juzgado de Yolombó a imponer la sanción contra Harman. “Se había vulnerado el debido proceso de los accionantes”, señaló la sentencia del Tribunal Superior de Antioquia. El abogado Ramírez Pulgarín explicó que “la falta de notificación personal impidió que los afectados intervinieran en momentos clave” del proceso administrativo.
«Restaurar garantías fundamentales que habían sido desconocidas en un proceso administrativo de enorme impacto para las comunidades rurales»
Jorge Ramírez Pulgarín, abogado de One Legal y representante de los campesinos
La decisión del juzgado no es definitiva, ya que debe ser revisada por el Tribunal Superior de Antioquia. El caso continúa en desarrollo, y se espera que las autoridades judiciales definan si la sanción se mantiene o es revocada. Mientras tanto, la situación evidencia las tensiones entre los procesos administrativos de tierras y la protección de los derechos de las comunidades campesinas en regiones como el Nordeste antioqueño.
