El juicio contra Alex Saab, el empresario colombiano de 54 años que fungió como ministro de Nicolás Maduro, fue aplazado por segunda vez en el Distrito Sur de Florida: la jueza federal Kathleen M. Williams ordenó que el inicio del proceso se traslade del 8 de septiembre al 16 de noviembre de 2026, una demora de más de 60 días que responde a una solicitud conjunta de la defensa y la Fiscalía para revisar en profundidad la evidencia financiera del caso. Además, la magistrada dictó una estricta orden de protección sobre la información confidencial presentada por el Gobierno estadounidense, una medida similar a la adoptada en el proceso contra Nicolás Maduro en Nueva York. Saab, que permanece detenido a la espera del juicio, enfrenta una posible condena de hasta 20 años de prisión si es hallado culpable por presunto lavado de dinero, contratos del programa CLAP y operaciones petroleras de PDVSA.
La decisión del tribunal, fechada sin precisar el día, excluye el periodo comprendido entre el 14 de agosto y el 16 de noviembre del conteo de la Ley de Juicio Rápido, lo que da margen a ambas partes para preparar un caso que se ha ido ampliando. Saab fue detenido en Cabo Verde en 2020 y extraditado a Estados Unidos por presunto lavado de dinero, pero en 2023 el presidente Joe Biden lo liberó como parte de un intercambio de prisioneros con el régimen venezolano. Tras su regreso a Caracas, fue nombrado ministro de Industrias y Producción Nacional, hasta que la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2025 por fuerzas especiales de EE.UU. cambió el tablero: el gobierno interino de Delcy Rodríguez lo puso bajo custodia y lo deportó a Florida, donde compareció inicialmente el 18 de mayo, dos días después de llegar a suelo estadounidense.
Una acusación más amplia y un posible testigo clave
La nueva acusación en Miami, presentada después de su regreso, es más amplia que la de 2021: incluye el programa de alimentación CLAP, presunto lavado mediante operaciones petroleras de PDVSA y menciona a Nicolás Maduro entre los funcionarios que habrían recibido sobornos. Los fiscales consideran a Saab un posible testigo clave en el caso contra el exmandatario venezolano, cuyo juicio en Nueva York está previsto para junio de 2027. La orden de protección sobre documentos sensibles busca blindar información que el Gobierno estadounidense considera crucial para la seguridad nacional o la integridad de la investigación, mientras que la defensa y la Fiscalía tendrán más tiempo para analizar la evidencia financiera que sustenta los cargos.
