El ministro del Interior, Rodrigo Lara, salió al paso de la orden presidencial que el domingo 23 de agosto de 2026 emitió el presidente Abelardo de la Espriella sobre la deportación de migrantes irregulares, y aclaró que la medida no está dirigida contra los venezolanos que se regularizaron durante el pico de la crisis migratoria, sino contra las redes criminales que trafican personas a través de la selva del Darién. La precisión del jefe de la cartera política busca disipar la alarma que generó el anuncio del mandatario, quien en un tono enfático declaró: «Aquí no voy a aceptar migración ilegal. Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos, para que le quede claro a todo el mundo».
En entrevista posterior, Lara explicó que la intención del Gobierno es atacar el entramado delictivo que lucra con el tráfico de migrantes hacia Estados Unidos, y no al aproximadamente millón ochocientos mil venezolanos que ingresaron al país entre 2019 y 2021, de los cuales «en un 90 y tanto por ciento» fueron regularizados por el Estado colombiano. «El presidente no se refiere a los hermanos venezolanos que llegaron en lo más duro de la crisis», subrayó el ministro, quien destacó que esa población accedió a servicios públicos y sociales y que muchos, tras una primera oleada de retorno, «se quedaron e integraron perfectamente».
Aclaración sobre el alcance de la orden
Lara fue contundente al diferenciar a los venezolanos amparados por el régimen de protección migratoria de aquellos extranjeros que infringen la ley. «Los venezolanos que llegaron básicamente a Colombia y que recibieron este régimen de protección por parte del Gobierno colombiano y que se insertaron no son migrantes ilegales de ninguna manera», afirmó el funcionario, y añadió que la orden presidencial apunta a «redes de criminales que operan particularmente en el Darién», aludiendo directamente a organizaciones como el Clan del Golfo, que se insertan «en todo tipo de delitos» y aprovechan cualquier actividad ilícita disponible.
«Colombia no puede convertirse en un punto de paso»
Rodrigo Lara, ministro del Interior
El ministro encuadró el tráfico de migrantes dentro de una definición amplia de trata de personas y detalló que los operativos conjuntos de Migración Colombia y la Policía Nacional se centrarán en identificar y deportar a extranjeros involucrados en actividades delictivas o en incumplimiento migratorio, especialmente aquellos vinculados al corredor del Darién, por donde fluye la migración irregular hacia Norteamérica. «Nos referimos es básicamente al tráfico, a la trata de personas, que tiene unas redes de criminales que operan particularmente en el Darién», precisó Lara, quien también anunció que Colombia buscará colaborar con otros Estados para combatir a estas organizaciones transnacionales. Con esta aclaración, el Gobierno busca equilibrar la firmeza en el control migratorio con la protección de los millones de venezolanos que han hecho de Colombia su hogar.
