El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó el traslado inmediato de 20 personas privadas de la libertad desde Barranquilla hacia establecimientos penitenciarios de Bogotá, como parte de una ofensiva directa contra las extorsiones, amenazas y la dirección de actividades criminales que se gestan desde las cárceles. La medida, ejecutada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) con el respaldo de la fuerza pública, busca desarticular lo que el mandatario denominó “zonas de confort” que permitían a los reclusos continuar delinquiendo tras las rejas. De los 20 trasladados, 10 se encontraban en estaciones de Policía y los otros 10 en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de Barranquilla, en el Atlántico.
De la Espriella confirmó que los operativos se realizan bajo “rigurosas, máximas y extremas medidas de seguridad” para evitar fugas, rescates o atentados durante el proceso. Una vez que los reclusos lleguen a Bogotá, el Inpec tendrá un plazo de 15 días para distribuirlos en distintos centros penitenciarios del país, de acuerdo con las determinaciones de seguridad que adopte la institución. La orden presidencial, según declaró el propio mandatario, es clara: “Desde las cárceles no se extorsiona, no se amenaza ni se dirige el crimen. Las cárceles de Colombia las controla el Estado, no los delincuentes. Se acabaron los privilegios y la alcahuetería con el crimen”.
Un golpe directo al crimen organizado desde prisiones
Entre los nombres de los trasladados figuran Rodrigo Javier Pantoja Linero, Brayan Camilo Lobo Guerrero, Fabio Andrés Diazgranados Pallares, Adrián Hernán Guerrero Peña, Erick Fabián Molina Mendoza, Carlos Mario Polo Pérez, Jesús Andrés Arrieta Mercado, Andrés Felipe Londoño Cáceres, José Eulises Flórez Blanco, José Luis Barrios Álvarez, Dairo Luis García Quintero y Wuainer Jesús Altamar Medina, todos señalados por su presunta vinculación con redes de extorsión y amenazas que operaban desde los centros de reclusión del Caribe colombiano. La decisión responde a una problemática que, según las autoridades, afecta a miles de ciudadanos en Barranquilla y otras regiones del país, donde los internos mantenían el control de actividades ilícitas utilizando teléfonos móviles y otros dispositivos para coordinar delitos.
“Por orden mía directamente, el Inpec está poniendo fin a las zonas de confort de quienes pretenden seguir delinquiendo desde las cárceles. Ordené el traslado a establecimientos penitenciarios de Bogotá de 20 personas privadas de la libertad que estaban recluidas en Barranquilla”.
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia
El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, agradeció al presidente por atender el clamor de la ciudadanía y respaldó la medida con firmeza. “Gracias, presidente, por escucharnos y por la voluntad de enfrentar con rigor y contundencia a estos terroristas”, expresó Char, quien además solicitó que los reclusos sean enviados a una cárcel de máxima seguridad donde no haya comunicación con el exterior. “Sacarlos de Barranquilla y trasladarlos a una cárcel de máxima seguridad, donde no entre ni la señal de la Santa Cruz, es empezar por lo fundamental: desconectarlos del mundo exterior y cortar las órdenes criminales que siguen impartiendo desde las cárceles”, afirmó el mandatario local. Para Char, esta acción representa “una señal clara de que sí se puede enfrentar y acabar con este flagelo que hoy golpea a miles de colombianos y barranquilleros”.
“Sacarlos de Barranquilla y trasladarlos a una cárcel de máxima seguridad, donde no entre ni la señal de la Santa Cruz, es empezar por lo fundamental: desconectarlos del mundo exterior y cortar las órdenes criminales que siguen impartiendo desde las cárceles”.
Alejandro Char, alcalde de Barranquilla
La ofensiva presidencial se enmarca en una política de seguridad que busca recuperar el control estatal sobre los centros penitenciarios, donde durante años se han denunciado privilegios y un manejo laxo que permitía a los internos operar como jefes del crimen desde sus celdas. Con esta operación, el Gobierno de De la Espriella envía un mensaje contundente: el Estado no tolerará que las cárceles sigan siendo un centro de operaciones para la delincuencia, y los delincuentes serán aislados para evitar que continúen sembrando terror en las calles.
