La audiencia de imputación de cargos contra Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, fue aplazada este martes 25 de agosto de 2026, luego de que la defensa de Álvaro Villada García, otro de los investigados en el entramado de corrupción, solicitara un receso por compromisos judiciales previamente programados. La administración de justicia aceptó el requerimiento, postergando la diligencia que estaba prevista para las 2:10 de la tarde, desatando la indignación del actual mandatario de Medellín, Federico Gutiérrez, quien ha sido una de las voces más críticas en este escándalo que sacude a la capital antioqueña.
El caso, que ha sido denominado por la opinión pública como el de los “Hermanitos Q”, surgió a raíz de una denuncia anónima recibida por la Veeduría Todos por Medellín durante el segundo año de gobierno de Daniel Quintero. La investigación se centra en presuntas irregularidades en seis contratos suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, adjudicados entre 2020 y 2023, por un valor cercano a los 17.000 millones de pesos. Según la Fiscalía, se habría configurado un entramado criminal en el que se cobraban comisiones del 20% sobre cada contrato firmado en el Amva, de las cuales la mitad, un 10%, era presuntamente para Miguel Quintero.
Indignación del alcalde y denuncias de dilación
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, no tardó en pronunciarse a través de su cuenta en X, donde calificó la situación como “indignante” y denunció un nuevo intento de dilatar el proceso. “Hoy se iba a realizar la audiencia de imputación de cargos contra el hermano del jefe del GDO Hermanitos Q y su socio, Sebastián Ortega. ¿Qué pasó? La defensa pidió aplazarla. Otra vez intentan dilatar el proceso y evadir la justicia. Que no confundan dilatar con escapar”, escribió el mandatario local. En un segundo mensaje, Gutiérrez elevó la presión sobre el ente acusador: “Le pido a la Fiscalía que, con todos los elementos que ya tiene, proceda con las capturas y no espere a que sigan dilatando el proceso o, peor aún, a que puedan hacerle daño a los testigos. Como víctimas, exigiremos que la audiencia se reprograme cuanto antes. Estaremos en cada audiencia, hasta que respondan ante la justicia todos los responsables del saqueo a Medellín y aparezca hasta el último peso”.
Las declaraciones de Gutiérrez se enmarcan en un contexto de denuncias explosivas que han ido saliendo a la luz pública desde octubre de 2025, cuando se filtraron chats, videos y audios del grupo de WhatsApp “Amigos”. En estas conversaciones, Miguel Quintero aparece como el presunto articulador de una red de contratación que no solo habría operado en el Amva, sino también en Metroparques y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU). Testigos del caso han señalado que las órdenes se daban desde ese círculo cercano al exalcalde, mientras que varios implicados, entre ellos Misael Cadavid, exlíder de los bomberos de Itagüí, ya han aceptado colaborar con la justicia. El primer condenado de este entramado fue Juan Alberto Cardona Henao, extesorero del cuerpo de bomberos itagüiseño, quien reconoció su culpabilidad y se sumó a la cooperación con las autoridades.
“El robo que le hicieron a Bogotá los hermanos Moreno Rojas se queda chiquito en comparación con el robo que le hicieron el GDO de los Hermanitos Q a Medellín”.
Federico Gutiérrez, Alcalde de Medellín, en rueda de prensa a finales de julio de 2026
Las investigaciones también exploran si el exalcalde Daniel Quintero conocía estas maniobras y si tuvo alguna incidencia en la denunciada venta de Afinia, una operación que, según hipótesis fiscales, habría alcanzado los 8 millones de dólares. De acuerdo con el alcalde Gutiérrez, el monto total de contratos presuntamente direccionados durante el cuatrienio anterior asciende a 1,2 billones de pesos, una cifra que supera ampliamente otras redes de corrupción como la de los hermanos Moreno Rojas en Bogotá. En ese sentido, el mandatario ha indicado que existen indicios de que dineros locales salieron del país hacia Panamá y luego a Miami, y ha solicitado la colaboración de las autoridades de Estados Unidos para rastrear estos recursos.
Mientras tanto, la Fiscalía continúa avanzando en la investigación, que ya ha logrado la imputación de Juan David Palacio, alias “JD”, exdirector del Amva, junto con otras exfuncionarias. La defensa de los procesados ha solicitado la reprogramación de la audiencia, una maniobra que el alcalde Gutiérrez y las víctimas del caso consideran una estrategia para evadir la justicia. La ciudad espera ahora la nueva fecha para una diligencia que promete ser determinante en el esclarecimiento del que algunos ya consideran el mayor saqueo a los recursos públicos de Medellín.
