La exgerente del Fondo Adaptación y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Angie Rodríguez, envió una carta formal a la Presidencia del Senado en la que solicita frenar la elección de Cielo Rusinque como candidata del Pacto Histórico a magistrada del Consejo Nacional Electoral. La misiva se fundamenta en una denuncia penal que la propia Rodríguez presentó ante la Fiscalía General de la Nación contra Rusinque, quien se desempeñó como ministra de Comercio y superintendente de Industria y Comercio. La comunicación fue remitida al Congreso de la República luego de conocerse la decisión del expresidente Gustavo Petro de escoger a Rusinque como su candidata para ocupar una de las sillas en la máxima autoridad electoral del país.
En su carta, Rodríguez informa que la denuncia penal involucra cinco delitos específicos que pesan sobre Rusinque: injuria agravada, calumnia agravada, falsedad personal mediante uso de inteligencia artificial, concierto para delinquir y hechos de violencia contra la mujer en entornos digitales. La exfuncionaria, quien fue considerada la mano derecha del expresidente Petro y ahora se ha convertido en una de sus más duras opositoras, argumenta que la eventual designación de Rusinque como magistrada del CNE representa un obstáculo para el esclarecimiento de los hechos que están siendo investigados. La carta constituye el primer obstáculo formal que enfrenta la candidatura de Rusinque en el Congreso, donde se deberá votar su designación.
Las razones de la oposición
Rodríguez fue enfática al señalar que su petición no busca una condena anticipada contra Rusinque, sino que se garantice el avance de las investigaciones y se escuche a las víctimas. “Ante la eventual elección de Cielo Rusinque como magistrada del Consejo Nacional Electoral, informo al país que existe una denuncia penal formal presentada por mi ante la Fiscalía General de la Nación, en la cual figura como una de las personas denunciadas por presuntas conductas relacionadas con injuria agravada, calumnia agravada, falsedad personal mediante uso de Inteligencia artificial, concierto para delinquir y hechos de violencia contra la mujer en entornos digitales”, afirmó la exdirectora del Dapre en el documento dirigido al Senado.
“Respeto la presunción de inocencia y el debido proceso. Pero esos principios no pueden convertirse en una excusa para que el país no conozca la verdad. Se necesita todas las garantías para conocer qué ocurrió realmente, hasta dónde llegó la degradación institucional y si desde posiciones de poder se desviaron los ideales políticos y los deberes propios de la función pública con el propósito de congraciarse con una persona”.
Angie Rodríguez, exgerente del Fondo Adaptación
La denunciante también advirtió que la designación de una persona con “graves señalamientos” en uno de los cargos más altos de la autoridad electoral podría interpretarse como un acto de tolerancia o encubrimiento político. En su misiva, Rodríguez cuestionó directamente la lealtad de los servidores públicos y señaló que esta debe estar dirigida a la Constitución y la ley, no a una persona ni a liderazgos personales.
“La lealtad de un servidor público es con la Constitución y la ley, no con una persona, ni con liderazgos revestidos de infulas mesiánicas. Por eso, como denunciante y víctima, considero profundamente revictimizante que una persona sobre quien recaen estos graves señalamientos pueda llegar a una de las máximas autoridades electorales mientras los hechos continúan pendientes de esclarecimiento”.
Angie Rodríguez, exgerente del Fondo Adaptación
La exfuncionaria también reclamó celeridad e independencia a la Fiscalía General de la Nación en el curso de la investigación, y manifestó su expectativa de que, con la salida de Gustavo Petro de la Presidencia, los procesos puedan avanzar sin interferencias políticas. “El país tiene derecho a conocer la verdad. Toda la verdad. Incluso aquella que pueda revelar los niveles más bajos de degradación del poder. No estoy solicitando condenas anticipadas. Estoy exigiendo que se investigue, que las víctimas seamos escuchadas y que ninguna posición de poder pueda convertirse en un mecanismo de impunidad. Nadie está por encima de la Constitución y la ley. Nadie”, concluyó Rodríguez en su comunicación al Senado.
