La senadora Jennifer Pedraza presentó dos denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de injuria y calumnia agravadas, luego de que fuera vinculada públicamente con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a través de publicaciones y un video manipulado en redes sociales. La congresista solicitó la intervención directa de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, para que se investiguen los hechos que, según advierte, ponen en riesgo su integridad física y la de su equipo de trabajo en todo el país.
Una de las denuncias fue interpuesta contra un ciudadano radicado en el departamento de Antioquia, mientras que la segunda acción legal se dirige contra las personas que editaron y difundieron el video al que se le añadió iconografía del grupo armado ilegal. La senadora señaló que estas acciones buscan desprestigiarla y generan un grave peligro para su seguridad, en un contexto donde los señalamientos de vínculos con la guerrilla pueden tener consecuencias fatales en Colombia.
Señalamientos que ponen en riesgo la integridad
La difusión del material audiovisual alterado, que vincula falsamente a Pedraza con el ELN, se suma a una serie de publicaciones en redes sociales que la atacan directamente. La senadora, conocida por su labor de oposición y su trabajo en derechos humanos, aseguró que no permitirá que estos hechos queden impunes y que llegará hasta las últimas instancias judiciales para que los responsables respondan ante la justicia.
«No permitiré que se ponga en riesgo mi vida y la de mi equipo en todo el país, tampoco permitiré que jueguen con mi buen nombre. Llegaremos hasta las últimas instancias para que los responsables respondan ante la justicia».
Jennifer Pedraza, senadora de la República de Colombia, a través de su cuenta en X
El caso continúa en desarrollo, mientras la Fiscalía deberá determinar si acepta las denuncias y procede con las investigaciones correspondientes. La senadora insistió en que la manipulación digital de su imagen con fines políticos o de intimidación constituye un ataque no solo contra su honra, sino contra la institucionalidad y la seguridad de quienes ejercen cargos públicos en el país.
