El exministro de Educación Daniel Rojas Medellín arremetió contra un proyecto de decreto del Ministerio de Educación, liderado por Viviane Morales, que busca modificar la administración de colegios públicos por terceros. A través de su cuenta en la red social X, Rojas calificó la iniciativa de ilegal y precarizadora, desatando un intenso debate sobre el futuro de la educación pública en Colombia. El borrador, que modifica el Decreto 1075 de 2015, pretende reglamentar la contratación y administración de instituciones educativas oficiales por entidades privadas o comunidades religiosas, permitiendo concesiones de hasta 12 años.
Según Rojas, la medida evade los límites establecidos por la Ley 715 de 2001, que condiciona la contratación privada a la falta comprobada de cupos en el sistema estatal. El exfuncionario sostiene que el decreto crea una figura jurídica inexistente para sortear la obligación de demostrar la incapacidad del Estado, lo que vulnera directamente la normativa vigente. Además, advierte que el mecanismo debilita los controles de la cartera educativa al no exigir reportes previos sobre cobertura ni los mismos requisitos que se aplican a la red oficial.
El impacto laboral en el magisterio
Uno de los puntos más críticos señalados por Rojas es el efecto sobre las condiciones laborales de los docentes. En sus declaraciones, el exministro describió cómo los maestros pasarían de ser empleados públicos con estabilidad y derechos a trabajadores de una empresa privada, sin carrera ni garantías. «Enseñan en colegio público, con plata pública, pero con los derechos de un trabajador de tienda. Precarización pura», afirmó contundentemente, graficando lo que considera un retroceso en materia de derechos laborales. Esta transformación, advierte, pone en riesgo la calidad educativa al desmotivar a los profesionales del sector.
En contraste, la ministra Viviane Morales defendió el borrador señalando que no representa venta de activos públicos ni pérdida de gratuidad para las familias. En su intervención, explicó que la modificación introduce precisiones jurídicas al modelo de colegios en administración, brindando herramientas a las entidades territoriales certificadas para fortalecer la gestión de sus establecimientos. «Bajo este esquema, los establecimientos continúan siendo oficiales, la matrícula permanece en la oferta oficial y la entidad territorial conserva la dirección, responsabilidad, control y vigilancia sobre el servicio», aseguró.
«Exijo al Gobierno nacional retirar de manera inmediata el proyecto de decreto que conocimos a través de los medios de comunicación, en el que se permite la intermediación de intereses privados con los recursos de la educación en Colombia. Y esta exigencia la hago porque este decreto es abiertamente ilegal, es inconstitucional»
Daniel Rojas Medellín, exministro de Educación
La controversia se centra en si la administración privada mantiene efectivamente el control público y la titularidad del establecimiento, o si, por el contrario, implica una precarización laboral y un desvío de los recursos del Sistema General de Participaciones hacia la oferta privada. Rojas insistió en que «un colegio público de verdad» es aquel donde el Estado responde por la calidad, los profesores tienen derechos y la educación no tiene dueño privado, advirtiendo que con esta medida los padres pierden la garantía de que la educación de sus hijos es un derecho y no un servicio contratado.
