La Contraloría General de la República ordenó una investigación urgente tras detectar giros superiores a los 64,44 billones de pesos durante las últimas cinco semanas del gobierno del expresidente Gustavo Petro, un periodo en el que se evidenciaron pagos duplicados, contratos con anomalías y una alarmante falta de trazabilidad en el manejo de los recursos del tesoro nacional. La evaluación, que abarcó del 22 de junio al 28 de julio de 2026, motivó la activación de un grupo especial de investigación y la práctica de visitas de la Policía Judicial al Ministerio de Hacienda, a la Fiduprevisora y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), con el fin de recaudar pruebas sobre presuntas irregularidades en los desembolsos realizados al cierre de la administración.
El organismo de control detectó desembolsos totales efectuados el mismo día de la firma de los contratos, giros simultáneos a un mismo contratista desde diferentes dependencias y pagos duplicados a personas naturales con valores idénticos, respaldados además con la misma documentación soporte. Frente a estos hallazgos, la Contraloría señaló que no es posible obtener las evidencias suficientes sobre cuentas vinculadas a proveedores de servicios de salud, según consta en el comunicado oficial que dio a conocer la medida. Dentro del periodo examinado se cerraron compromisos por 48,14 billones de pesos y se acumularon pagos por 60,35 billones, pero el foco principal de la investigación está en los últimos giros extraordinarios que incluyeron cerca de siete billones a la Ungrd, seis billones a gastos generales del Ministerio de Salud y 4,33 billones a patrimonios autónomos administrados por la Fiduprevisora.
Anomalías en la Fiduprevisora y emergencias sin atender
Uno de los puntos más críticos del informe es la situación de la Fiduprevisora, donde se encontraron serias inconsistencias en 31 informes financieros, específicamente en el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, y la ausencia de actas administrativas del Consejo Directivo impidió verificar la autorización de los movimientos financieros. A esto se suma que la Ungrd no mostró eficiencia en el uso de los fondos destinados a atender las emergencias por el frente frío que inundó cerca de 230.000 hectáreas en diferentes regiones del país, lo que agrava la situación de riesgo en zonas que hoy siguen sin una respuesta clara por parte del Estado.
La Contraloría aclaró que el propósito de esta actuación no es anticipar responsabilidades, sino garantizar que un volumen extraordinariamente significativo de recursos públicos cuente con plena trazabilidad, justificación y soporte. Por eso, los equipos auditores ya evalúan la proximidad entre el registro presupuestal y el desembolso, que en algunos casos ocurrió incluso antes del primer mes de vida del contrato, y se analiza si hubo fraccionamiento de pagos o si las obligaciones realmente fueron cumplidas. La investigación se adelanta tras superar las restricciones contractuales de la Ley de Garantías, norma que busca impedir el uso de recursos o cargos públicos para favorecer campañas electorales, lo que da un contexto particularmente sensible a estos giros realizados en el tramo final del gobierno.
“La Contraloría General continuará realizando seguimiento a la ejecución presupuestal y financiera del Estado y adoptará, de acuerdo con los resultados de las verificaciones sectoriales, las actuaciones de control fiscal a que haya lugar”
Contraloría General de la República, comunicado oficial
Además de las visitas a las tres entidades mencionadas, la Contraloría remitió los antecedentes a sus dependencias sectoriales para que se adelanten auditorías directas en el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Educación, el Fondo de Inversión para la Paz, el ICBF, Invías y la Uspec, ampliando así el espectro de control sobre todas las entidades que recibieron giros significativos durante esa ventana de tiempo. Con esa decisión, el organismo no solo busca establecer responsabilidades fiscales sino también corregir las fallas en la documentación que, según el informe, dejan sin sustento a millones de pesos que hoy están en entredicho. La investigación sigue en curso mientras el país espera claridad sobre el destino final de esos recursos que debieron financiar obras, servicios y atender las necesidades más urgentes de la población afectada por el invierno.
