El Gobierno nacional, a través del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y las Fuerzas Militares, avanza en la evaluación de la Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad (REMAS), una iniciativa que contempla el uso de un buque cárcel para aislar a los cabecillas de las estructuras criminales más peligrosas del país. La medida, que fue discutida durante un Consejo de Seguridad en la región del Atlántico, busca crear un espacio con controles extremos sobre los movimientos, contactos y comunicaciones de los internos, con el objetivo de impedir que sigan coordinando delitos desde prisión, dando órdenes a sus organizaciones o planeando rescates. La propuesta, que se analiza en su fase técnica, jurídica y operativa, se anunció en simultáneo con el traslado de 20 internos desde Barranquilla hacia Bogotá, como parte de un endurecimiento del control penitenciario en el país.
Los 20 internos fueron movilizados desde la capital del Atlántico, de los cuales 10 provenían de estaciones de Policía y otros 10 de la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal, con destino a establecimientos penitenciarios en Bogotá. Una vez en la capital, cuentan con un plazo de 15 días para ser redistribuidos en diferentes penales del país, en un proceso que cuenta con el apoyo de la Fuerza Pública. El presidente del Inpec, Abelardo de la Espriella, lidera la articulación de capacidades con la Armada de Colombia para materializar la estrategia REMAS, que hace eco de mecanismos similares aplicados en el pasado para aislar a figuras de alta peligrosidad, como el caso de alias ‘Don Diego’, Diego Fernando Montoya Sánchez.
Hacia un control total de las comunicaciones
El paquete de medidas no se limita al aislamiento marítimo, sino que también incluye una propuesta para trasladar el control de los inhibidores de señal celular desde el Ministerio de Tecnologías de la Información a la Policía Nacional. La medida, que se coordina con los operadores de telefonía móvil, busca cortar de raíz la capacidad de los reclusos para mantener vínculos operativos con sus estructuras criminales en el exterior, una preocupación que ha sido una constante en el sistema penitenciario colombiano. La combinación de traslados masivos, aislamiento, inhibidores y la eventual reclusión marítima apunta a reducir drásticamente la capacidad de mando de los cabecillas sobre los territorios que controlan, evitando la presión sobre comunidades y la coordinación de delitos desde la celda.
El Gobierno no ha detallado aún la ubicación exacta, la capacidad ni las condiciones operativas del posible buque, cuya implementación real dependerá de la decisión final que tomen el Ejecutivo, el Inpec y las Fuerzas Militares tras la evaluación en curso. La iniciativa responde a la urgencia de cerrar los canales de comunicación que los cabecillas han logrado mantener a pesar de estar privados de la libertad, una situación que ha permitido que continúen operando como líderes de organizaciones dedicadas al narcotráfico, la extorsión y el sicariato. Mientras se define el futuro del buque cárcel, los traslados de los 20 internos ya están en ejecución, marcando el inicio de una nueva fase en la política de seguridad carcelaria del país.
