La Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) encendió las alarmas este miércoles 26 de agosto al denunciar una presunta injerencia del Gobierno nacional en la elección y posterior declinación de Carolina Soto Losada como presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI). La economista había sido elegida el martes 25 de agosto por la junta directiva del gremio para reemplazar a María Consuelo Araújo, quien dejó el cargo tras ser nombrada embajadora en Washington, pero apenas un día después renunció al ofrecimiento en medio de cuestionamientos que, según FEDe., provinieron directamente del Ejecutivo.
Todo comenzó cuando Carolina Gómez, vocera del Gobierno, publicó en sus redes sociales —y posteriormente borró— un mensaje en el que cuestionaba el nombramiento de Soto al señalar que la economista no tendría «cercanía alguna con el Gobierno». Horas después, Soto Losada comunicó su decisión de declinar el cargo mediante una carta dirigida a la junta directiva de la CCI. «Ante la oposición que generó mi nombramiento como presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, he decidido declinar el ofrecimiento», señaló la economista en su misiva, sin referirse explícitamente a la presión gubernamental.
Un precedente de desmesura y arbitrariedad
FEDe. Colombia no tardó en reaccionar. En un comunicado fechado en Bogotá el 26 de agosto, la organización calificó lo ocurrido como un «grave precedente de desmesura y arbitrariedad». La fundación sostuvo que se trata de «una injerencia injustificable en las decisiones autónomas de una organización privada», y subrayó que las competencias del Gobierno no se extienden a la dirección de gremios, empresas, universidades u organizaciones de la sociedad civil. «La separación entre lo público y lo privado es también un límite al poder», afirmó FEDe. en su pronunciamiento.
«El Gobierno nacional no debe intervenir en la elección de los directivos de organizaciones privadas ni exigir cercanía política a quienes las dirigen»
FEDe. Colombia, comunicado del 26 de agosto
La organización insistió en que la relación entre el Estado y los gremios debe basarse en el diálogo institucional y el respeto por la autonomía, no en la subordinación. «La relación entre el Estado y el sector privado exige interlocución y respeto por su autonomía, no subordinación de ningún tipo», señaló FEDe., que hizo un llamado directo al Ejecutivo «a respetar estos límites y la independencia de la sociedad civil». La fundación recordó que las atribuciones del Gobierno no incluyen condicionar decisiones de entidades territoriales, otras ramas del poder público, gremios o instituciones académicas.
Mientras la CCI aún no se ha pronunciado oficialmente sobre la renuncia de Soto Losada ni ha anunciado un nuevo proceso de elección, FEDe. Colombia dejó claro que el episodio sienta un peligroso precedente para la autonomía de las organizaciones privadas en el país, en un momento en que se requiere una interlocución respetuosa entre el Estado y el sector privado para impulsar los proyectos de infraestructura que necesita Colombia.
