Un juez de Bogotá ordenó al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ofrecer disculpas públicas antes del martes 30 de septiembre de 2026 a las 7:00 p. m., mediante una alocución por radio y televisión nacional, por haber vulnerado la neutralidad religiosa del Estado durante su ceremonia de posesión el 7 de agosto de 2026 en Cali. La decisión judicial también vincula al presidente del Congreso, Honorio Miguel Henríquez Pinedo, quien deberá presentar excusas en sesión plenaria durante la última semana de septiembre y comprometerse a no inclinar actos oficiales hacia ningún credo. Además, la Presidencia deberá emitir una directiva para todos los servidores públicos sobre el respeto a la neutralidad religiosa en actos oficiales.
El fallo, que amparó los derechos fundamentales a la libertad de conciencia y de culto del ciudadano Omar Alberto Franco Becerra, consideró que la ceremonia de posesión incluyó un espacio de «invocación y alabanza», la participación de representantes de tres sectores religiosos y la presencia de una imagen de la Virgen de Fátima, elementos que, según el juez, desconocen el deber de neutralidad del Estado en actos oficiales. La tutela fue presentada por Franco Becerra, quien alegó afectación a sus derechos al presenciar un acto oficial con marcado contenido religioso.
La decisión judicial aclara que los funcionarios pueden tener creencias religiosas, pero cuando actúan como autoridades deben evitar que sus funciones aparezcan asociadas a una religión o credo particular. El juez desvinculó al rabino David Michaan, al pastor Eduardo Cañas Estrada y al presidente de la Conferencia Episcopal, Francisco Javier Múnera Correa, quienes participaron en la ceremonia, al considerar que no eran responsables de la organización del acto. La orden de disculpas y la directiva presidencial buscan corregir esa apariencia de parcialidad y establecer un precedente para todos los actos oficiales futuros.
Las implicaciones del fallo
La sentencia abre un debate sobre los límites entre la libertad religiosa de los funcionarios y el carácter neutral del Estado en actos públicos. La directiva presidencial, que debe emitirse durante septiembre de 2026, instruirá a todos los servidores públicos a respetar y hacer respetar la neutralidad religiosa en cualquier acto oficial, con efectos que trascienden la ceremonia del 7 de agosto. La Presidencia deberá cumplir con la orden de disculpas, emitir la directiva y ajustar todos sus actos oficiales al criterio judicial, mientras que el Congreso también queda obligado a pronunciarse formalmente para evitar que futuras ceremonias reproduzcan la misma situación.
