La reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro, que fue avalada por la Corte Constitucional, enfrenta ahora una situación de alta complejidad jurídica con la presentación de más de un centenar de demandas de inconstitucionalidad que amenazan con retrasar su entrada en vigencia, prevista para el 1 de abril de 2027. Los recursos cuestionan la solidez del aval fiscal presentado y las fallas en el trámite legislativo, lo que pone en jaque la sostenibilidad del sistema tal como fue aprobado en el Congreso.
La controversia se concentra en el costo estimado de la reforma, que rondaría los 70 billones de pesos, equivalente a aproximadamente dos puntos del Producto Interno Bruto (PIB). Camilo Cuervo, abogado y socio de Holland & Knight, señaló que una norma de esta magnitud debe contar con un respaldo fiscal que permita demostrar que el Estado puede asumir las obligaciones, un punto que las demandas ponen en entredicho. Andrés Velasco, presidente de Asofondos, agregó que una de las demandas indica que el texto finalmente aprobado no contaba con ese estudio, pues el Gobierno lo había elaborado para la ponencia presentada para cuarto debate en la plenaria de la Cámara, que luego tuvo cambios importantes. Este será uno de los asuntos que la Corte deberá analizar después del 1 de abril de 2027.
El laberinto legislativo y la devolución de artículos
La Corte Constitucional declaró exequible la mayoría de los artículos de la Ley 2381, pero devolvió nueve disposiciones a la Cámara de Representantes para que se corrijan vicios de procedimiento. Estos artículos están relacionados con la administración de los recursos del sistema pensional y el traspaso de fondos a Colpensiones. La Cámara deberá discutir y subsanar estas disposiciones en un trámite que aún está en curso. Si la Cámara aprueba los cambios sin modificaciones, la reforma completa su proceso; pero si los rechaza o modifica, el articulado podría quedar incompleto o requerir una conciliación con el Senado, lo que alargaría el proceso y mantendría la incertidumbre.
Entre tanto, el representante a la Cámara Daniel Briceño, junto a sus colegas Hernán Cadavid y María Clara Posada, impulsa una «Contrarreforma de la Libertad». Esta propuesta busca eliminar el pilar semicontributivo, permitir a los afiliados elegir entre la devolución de saldos o una renta vitalicia con su ahorro pensional, y que el componente contributivo sea opcional. Briceño enfatizó en la necesidad de darle la oportunidad a los afiliados de escoger si quieren su devolución de saldos o una renta vitalicia con su ahorro pensional.
«Una norma de esta magnitud debe contar con un respaldo fiscal que permita demostrar que el Estado puede asumir las obligaciones»
Camilo Cuervo, abogado y socio de Holland & Knight
Asofondos, por su parte, sostiene que las modificaciones aprobadas no resolvieron problemas estructurales como el envejecimiento de la población y la informalidad laboral. Andrés Velasco afirmó que desde el gremio participarán en los espacios que se abran desde las instituciones correspondientes, del Legislativo y el Ejecutivo, para buscar el mejor sistema pensional para los colombianos. La decisión final de la Corte sobre las demandas y el cumplimiento de los procedimientos legislativos determinará el futuro del sistema, pudiendo derivar en la anulación de artículos específicos o de la totalidad de la ley, manteniendo en vilo a millones de afiliados y al Ejecutivo.
