El senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, solicitó formalmente que la Fiscalía General de la Nación mantenga la investigación que adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en las masacres de El Aro, La Granja y San Roque, así como en el asesinato del líder comunal Jesús María Valle. La petición se da luego de que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes aprobara por unanimidad promover un conflicto de competencias para asumir el expediente, impulsado por la defensa del exmandatario. Cepeda, quien actúa como parte civil en calidad de actor popular, hizo el pronunciamiento a través de su cuenta oficial de la red social X, en defensa del derecho de las víctimas y la sociedad a la verdad y la justicia.
En su declaración, el congresista indicó que, en su condición de parte civil, le ha solicitado a sus abogados mantener la posición para que la Fiscalía General de la Nación conserve la competencia para adelantar esa investigación, con las debidas garantías procesales. El conflicto de competencias fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Investigación y Acusación, presidida por el representante Carlos Alberto Cuenca, y tiene como base el argumento de la defensa de Uribe de que los hechos imputados se consumaron en 2003, cuando el exmandatario ejercía como jefe de Estado y gozaba de fuero presidencial.
Los argumentos del conflicto de competencias
La defensa de Álvaro Uribe sostiene que el delito de concierto para delinquir agravado es de carácter permanente y que su consumación ocurrió en 2003, año en que desapareció el Bloque Metro y se firmó el acuerdo de Santa Fe de Ralito. Por su parte, la Comisión de Investigación y Acusación, citando los artículos 174, 175, 178 y 235 de la Constitución, argumenta que la investigación de aforados corresponde a la Cámara de Representantes, con eventual acusación ante el Senado y juzgamiento por la Corte Suprema de Justicia en caso de delitos comunes. El oficio remitido por la Comisión señala que, si la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema no accede a la solicitud de traslado del expediente, este pasará a la Sala Plena de la Corte Constitucional para que resuelva la colisión de competencia, conforme al artículo 95 de la Ley 600 de 2000 y el artículo 241, numeral 11, de la Constitución.
El caso se tramita bajo la Ley 600 de 2000 e incluye las masacres de El Aro y La Granja, el asesinato de Jesús María Valle y la presunta relación del expresidente con el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia en la hacienda Guacharacas. La hipótesis de la Fiscalía sostiene que la alianza ilegal se mantuvo hasta 2003, aunque había comenzado antes. Las masacres ocurrieron en fechas específicas: La Granja el 11 de junio de 1996, El Aro entre el 22 y 25 de octubre de 1997, y el asesinato de Jesús María Valle en febrero de 1998.
«Como es de conocimiento público, actúo como parte civil, en calidad de actor popular, en la investigación que adelanta la justicia colombiana contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por estos hechos»
Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico
«En esta condición, defiendo el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad y a la justicia y, en consecuencia, le he solicitado a mis abogados que mantengan nuestra posición para que la Fiscalía General de la Nación conserve la competencia para adelantar esa investigación, con las debidas garantías procesales»
Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico
El senador Cepeda insistió en que su solicitud busca garantizar que la investigación continúe bajo la Fiscalía, asegurando la independencia y las garantías procesales necesarias para esclarecer los hechos que han marcado la historia reciente del país. La decisión final sobre la competencia recaerá en la Corte Constitucional si la Fiscalía no accede al traslado del expediente, mientras la Comisión de Investigación y Acusación mantiene su postura de que los delitos imputados a Uribe ocurrieron durante su periodo presidencial.
