El Gobierno de Abelardo de la Espriella dio este lunes su primer paso formal para revisar la gestión de la administración de Gustavo Petro, al expedir una circular interna que ordena a todos los funcionarios del nuevo ejecutivo verificar en un plazo máximo de 30 días los informes de empalme y denunciar ante las autoridades competentes cualquier posible irregularidad que sea detectada. La directriz, firmada por Carlos Andrés Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), establece los lineamientos para el proceso de entrega y recepción de cargos, fundamentándose en la Ley 951 de 2005, y busca garantizar la transparencia en el relevo gubernamental y fortalecer los mecanismos de control sobre los recursos del Estado.
La circular, que fue comunicada a todos los ministerios y departamentos administrativos, otorga un plazo de 30 días para que los servidores públicos entrantes verifiquen el contenido de las actas de entrega y recepción dejadas por la administración anterior. Durante este período, los funcionarios podrán solicitar a los salientes las aclaraciones e información adicional que consideren necesarias. No obstante, el documento es enfático en señalar que el vencimiento de dicho término no extingue el deber de documentar, evaluar y poner en conocimiento de las autoridades competentes cualquier hecho jurídicamente relevante que sea identificado, incluso con posterioridad al proceso de empalme.
Investigación sin prejuzgamiento
El Gobierno de Abelardo de la Espriella exige que todos los expedientes, contratos, registros, bases de datos y comunicaciones relacionados con posibles hallazgos sean preservados íntegramente. La circular instruye que cuando de la revisión se adviertan hechos que razonablemente puedan tener relevancia fiscal, disciplinaria, penal, civil o administrativa, las dependencias competentes deben proceder conforme a sus funciones a ponerlos en conocimiento o trasladarlos a las autoridades correspondientes, como la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. La directriz recalca que toda denuncia debe gestionarse sin imputación o prejuzgamiento automático, dejando la determinación de responsabilidades exclusivamente a cargo de las autoridades competentes.
“De conformidad con la Ley 951 de 2005, el servidor público entrante cuenta con el término de treinta (30) días legalmente previsto para verificar el contenido del acta de entrega y recepción y, cuando corresponda, solicitar al servidor público saliente las aclaraciones e información adicional necesarias”
Carlos Andrés Ríos, director del Dapre
En un comunicado oficial, el Dapre subrayó que “el vencimiento de dicho término no extingue el deber de documentar, evaluar y poner en conocimiento de las autoridades competentes los hechos jurídicamente relevantes que sean identificados”. Además, la circular establece que el término previsto para el proceso de entrega y recepción no constituye saneamiento, convalidación ni extinción de las eventuales responsabilidades derivadas de los hechos identificados durante o con posterioridad al proceso de empalme. La orden incluye a ministros y directores de departamentos administrativos, a quienes se les solicita promover la aplicación de estos lineamientos en sus respectivos sectores y comunicarlos a las entidades adscritas y vinculadas, en un esfuerzo por garantizar la transparencia y el control exhaustivo de la gestión pública.
