El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, bajo la ponencia de la magistrada María Del Pilar Veloza Parra, ordenó a la Procuraduría General de la Nación que emita una nueva decisión tras constatar la vulneración de derechos fundamentales de una funcionaria de la Contraloría General de la República. La corporación judicial determinó que la entidad disciplinaria no realizó un análisis integral de las denuncias presentadas por la trabajadora, relacionadas con posibles hechos de violencia con enfoque de género, limitándose a examinar únicamente el posible acoso laboral.
La Procuraduría había decidido no iniciar una actuación disciplinaria, pero el tribunal consideró que ese análisis fue aislado y omitió considerar el contexto general de los hechos denunciados. La funcionaria reportó no solo acoso laboral, sino también discriminación, violencia institucional, desprotección laboral y graves afectaciones a su salud mental. Al dejar por fuera estos elementos, la autoridad disciplinaria vulneró los derechos al debido proceso, acceso a la justicia, salud mental y a una vida libre de violencias de la denunciante.
Un precedente sobre perspectiva de género en el ámbito laboral
La decisión del tribunal, adoptada con ponencia de la magistrada Veloza Parra, subraya que los casos de posible violencia contra mujeres deben abordarse con un enfoque de género integral. La corporación aclaró que su orden no equivale a abrir una investigación disciplinaria ni a establecer responsabilidad de personas involucradas, sino que la Procuraduría deberá rehacer su análisis valorando de manera conjunta todos los hechos, pruebas y afectaciones a la salud mental presentados por la funcionaria. La competencia para decidir si inicia o no una actuación disciplinaria sigue en manos de la entidad.
El fallo sienta un precedente importante sobre cómo deben evaluarse las denuncias de violencia contra mujeres en el entorno laboral, especialmente cuando estas involucran múltiples dimensiones. La protección de derechos fundamentales como el debido proceso, el acceso a la justicia, la salud mental y la vida libre de violencias será ahora el parámetro que deberá guiar la nueva decisión de la Procuraduría, que no podrá limitarse a un análisis fragmentado de las acusaciones.
