La excandidata a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico en el Magdalena, Naylea Barros, denunció ante el Congreso de la República un atentado con arma de fuego ocurrido el pasado 24 de agosto de 2026 en Santa Marta, hecho que atribuye directamente a sus críticas contra la corrupción y al manejo de los recursos públicos en la ciudad. Según relató la dirigente política, dos hombres armados dispararon contra la parte posterior de su vehículo particular cuando descendía del puente Minuto de Dios, en la capital del Magdalena, mientras se trasladaba acompañada de una familiar. Barros, quien momentos antes del ataque se había cambiado de asiento, logró salir ilesa, aunque los impactos de bala perforaron la carrocería del automóvil.
La denuncia fue presentada de manera presencial en el Capitolio Nacional, en Bogotá, donde Barros señaló que el atentado está directamente vinculado con su labor de veeduría y las denuncias públicas que ha realizado sobre la gestión presupuestal en Santa Marta, en particular el costo de la Fiesta del Mar 2026, que ascendió a casi 11.300 millones de pesos entregados a una fundación. “Mi ciudad ha sido saqueada por la clase tradicional y política de Santa Marta, algunos vinculados con temas de parapolítica y con grupos armados”, afirmó la excandidata, quien también ha denunciado la falta de recolección de residuos sólidos y el manejo irregular de recursos en la ciudad portuaria.
Declaraciones en el Capitolio
Visiblemente afectada, Naylea Barros expresó su temor ante la escalada de violencia contra quienes ejercen la oposición política. “Sobreviví a un atentado a bala en mi contra y en contra de una familiar con la que me trasladaba en mi carro particular. Esto es supremamente difícil para mí, porque ese discurso de destripar, de acabar al que piensa diferente, está escalando y no solamente ha llegado a mí. Puede llegar a cualquiera de ustedes”, manifestó desde el Congreso. La dirigente aseguró no tener conflictos personales, problemas económicos ni vínculos con estructuras delictivas que pudieran explicar el ataque, y reveló que ya había recibido amenazas previas a través de redes sociales y mensajería, en las que le pedían suspender sus actividades públicas.
“No vamos a retroceder. La violencia no puede convertirse en el mecanismo para silenciar a quienes ejercemos la oposición y defendemos ideas distintas”
Naylea Barros, excandidata a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico
Tras el atentado, Barros pidió ayuda a la Policía Nacional y fue atendida en la estación de servicio Primero de Mayo. El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, rechazó contundentemente el ataque y ordenó iniciar investigaciones y establecer esquemas de protección para la excandidata. Sin embargo, Barros criticó duramente la falta de pronunciamiento del alcalde de Santa Marta y lo que consideró una respuesta institucional limitada a comunicados genéricos. “¿Qué garantías tengo de oposición en la ciudad de Santa Marta, cuando el alcalde ni siquiera se pronunció con un mensaje de solidaridad ante lo que me pasó?”, cuestionó.
A pesar del grave episodio de violencia, la excandidata aseguró que continuará con su actividad política y su trabajo como gestora cultural en el departamento del Magdalena, y reiteró su compromiso con la denuncia de la corrupción y la defensa de la transparencia en el manejo de los recursos públicos. El caso, que encendió las alarmas sobre la seguridad de los liderazgos de oposición en la región Caribe, queda ahora en manos de las autoridades judiciales y del Ministerio del Interior, mientras la comunidad política nacional sigue de cerca el desarrollo de las investigaciones.
