El senador Germán Rodríguez, mayor retirado de la Infantería de Marina y miembro del partido Salvación Nacional, radicó ante el Congreso un proyecto de acto legislativo que busca habilitar el voto de los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en servicio activo en Colombia. La iniciativa reabre un debate histórico sobre la participación electoral de la fuerza pública, actualmente prohibida por el artículo 219 de la Constitución de 1991, que establece que los uniformados no son deliberantes y no pueden sufragar mientras prestan servicio activo.
El proyecto propone modificar la Carta Magna para permitir que cerca de 400.000 uniformados —180.000 policías y 220.000 militares— voten en elecciones presidenciales y de Senado, pero sin posibilidad de participar en actividades partidistas ni hacer proselitismo durante el servicio. La restricción actual no surgió como un castigo, según explicó Sergio Morales, coordinador académico de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad La Sabana. “La prohibición no nace para castigar al uniformado, nace para que nadie pueda usar su voto”, afirmó el analista, recordando que fue una solicitud de los propios militares en 1930 para evitar presiones jerárquicas y el uso político de su derecho.
Un debate con pocos antecedentes exitosos
Entre 2012 y 2025 se han presentado al menos ocho intentos similares, todos archivados. En 2022, un proyecto estuvo a un voto de superar el primer debate en el Senado. La tasa de éxito de las reformas constitucionales en Colombia es cercana al 10%, y Sergio Morales estimó que la probabilidad actual de que esta iniciativa prospere está entre el 15% y el 25%, gracias a un contexto político que considera favorable. Sin embargo, el camino es complejo: al tratarse de un acto legislativo, debe superar ocho debates en una sola legislatura, con plazos estrictos. La mitad debe aprobarse antes del 16 de diciembre y el resto antes del 20 de junio del año siguiente. “Si se pasa un solo día de esos plazos, el proyecto se hunde y hay que empezar de cero”, advirtió Morales.
El proyecto no podría tramitarse mediante una ley ordinaria, pues la Constitución es clara. “La ley no puede contradecir a la Constitución. Si el Congreso aprueba mañana una ley diciendo ‘los militares votan’, esa ley sería inconstitucional al día siguiente”, explicó el académico. Por eso, la vía es la reforma constitucional, que requiere mayorías calificadas y el cumplimiento riguroso de los tiempos legislativos.
“El debate útil no es si votan, sino cómo votarían”
Sergio Morales, coordinador académico de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad La Sabana
Según el analista, el impacto potencial de sumar 400.000 votantes es significativo en un país donde las elecciones suelen definirse por márgenes estrechos. En la última contienda presidencial, por ejemplo, la diferencia fue de 250.830 votos, menos de un punto porcentual, frente a un censo de 26 millones de sufragantes. Los 400.000 uniformados representan aproximadamente el 1,5% del electorado, una cifra que podría inclinar resultados en disputas cerradas. Para garantizar la neutralidad del proceso, Morales sugirió adoptar modelos como el de Perú, que reformó su Constitución en 2005 para habilitar el voto militar, pero mantuvo la prohibición de postularse y hacer política partidista, con procedimientos rigurosos como mesas de votación fuera de los cuarteles.
El éxito del proyecto dependerá en buena medida de la postura del ministro de Defensa, el general retirado Jorge Mora. Si apoya la iniciativa, las probabilidades aumentan; si la rechaza, se reducen. Un factor a favor del proyecto es que la Comisión Primera del Senado, encargada de estudiar las reformas constitucionales, es presidida por el partido Salvación Nacional, el mismo que impulsa la iniciativa. En América Latina, cerca de cinco países mantienen la prohibición del voto para la fuerza pública en servicio activo, por lo que Colombia no es una excepción, pero el debate vuelve a estar sobre la mesa con una propuesta concreta que busca equiparar un derecho ciudadano con las particularidades del servicio castrense.
