Senadora advierte que presupuesto 2027 obligará a una nueva reforma tributaria

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La senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, lanzó duras críticas contra la administración del presidente Abelardo de la Espriella al cuestionar el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, radicado por el Ministerio de Hacienda. A través de su cuenta en X y declaraciones públicas, la congresista advirtió que el nuevo proyecto de presupuesto no cuenta con los recursos suficientes para cubrir las obligaciones del Estado y que el Gobierno prepara una reforma tributaria que impactará directamente a las clases medias y bajas. El cuestionamiento surge luego de que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, presentara la cifra de 634,9 billones de pesos, un aumento de 58 billones frente a los 575,6 billones radicados inicialmente por la anterior administración de Gustavo Petro.

El incremento presupuestal, según explicó la senadora, contradice el discurso de austeridad que ha promovido el presidente De la Espriella y el propio ministro Gómez Martínez. Mientras los gastos de funcionamiento pasaron de más de 365 billones en 2026 a más de 392 billones en 2027, y el servicio de la deuda saltó de más de 100 billones a más de 155 billones, la inversión se redujo de más de 89 billones a más de 86 billones. Hernández señaló que esta composición evidencia un desbalance profundo y preguntó: «¿Dónde quedó el discurso del recorte del 40% del Estado?» Además, denunció que el Gobierno planea eliminar el impuesto al patrimonio, que representa 5 billones de pesos, y el impuesto saludable, lo que, sumado al aumento del gasto, hace inevitable una reforma tributaria que recaerá sobre los sectores más vulnerables.

Las advertencias de la senadora y la defensa del Gobierno

En sus declaraciones, Esmeralda Hernández fue enfática al afirmar que «se avecina una reforma tributaria directa a la clase media y baja», y recordó que esa situación ya había sido anticipada durante la campaña electoral. La senadora también cuestionó la coherencia del Gobierno, que en el discurso prometía reducir el tamaño del Estado y ahora presenta un presupuesto con mayores partidas para funcionamiento y pago de deuda. Por su parte, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, defendió el proyecto al señalar que se trata del «presupuesto de la verdad», que corrige «los errores e ilegalidades del presupuesto de las mentiras presentado por el Gobierno Petro», el cual habría dejado desfinanciadas áreas clave como la salud, las pensiones, las universidades, las telecomunicaciones y los subsidios de energía y gas. El ministro añadió que «ordenar las finanzas públicas es indispensable para proteger lo que la gente necesita hoy» y pidió al Congreso aprobar tanto el presupuesto como una «ley de rescate» para contener el crecimiento del gasto público y la deuda.

«¿Dónde quedó el discurso del recorte del 40% del Estado? Además, quieren quitar el impuesto al patrimonio ($5 billones) y quieren tumbar el impuesto saludable. ¿De dónde saldrá la plata para ajustar la diferencia? Se avecina una reforma tributaria directa a la clase media y baja. Lo dijimos en campaña».

Esmeralda Hernández, senadora del Pacto Histórico

El debate pone de manifiesto la tensión entre las promesas de austeridad del Gobierno de la llamada «patria de Abelardo» y la realidad de un presupuesto que, según la senadora, aumenta el gasto corriente y el servicio de la deuda mientras reduce la inversión. La propuesta inicial de 575,6 billones de pesos ya había sido devuelta por las comisiones económicas del Congreso, y la nueva versión deberá ser aprobada en un contexto en el que el Gobierno también ha anunciado la eliminación de dos impuestos relevantes. Se espera que en las próximas semanas el Ministerio de Hacienda presente los detalles de la reforma tributaria, que según Hernández, terminará afectando a los ciudadanos de ingresos medios y bajos. El Congreso será el escenario donde se dirimirán estas diferencias, mientras la senadora del Pacto Histórico insiste en que el país necesita un presupuesto que priorice el bienestar social y no el pago de la deuda.

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