Dos procesados en el marco del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) aceptaron su responsabilidad y firmaron un preacuerdo con la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos. Se trata de Édgar Echeverri Toro, exrepresentante legal de la Corporación Mixta Yapurutú, y Sonia Rocío Romero Hernández, excontratista de la entidad, quienes reconocieron su participación en seis escenarios irregulares relacionados con la estructuración, celebración y ejecución del millonario contrato para la adquisición de 40 carrotanques destinados al suministro de agua potable en La Guajira, por un valor aproximado de 83.000 millones de pesos.
El preacuerdo fue suscrito ante una jueza especializada en Bogotá y contempla una pena de siete años y cuatro meses de prisión para ambos procesados, quienes permanecen privados de la libertad y manifestaron su arrepentimiento durante la diligencia. Sin embargo, el pacto deberá ser sometido a revisión judicial en una audiencia programada para el próximo 4 de noviembre, instancia en la que se determinará si el acuerdo cumple con los requisitos legales y si es aprobado por el despacho judicial. La defensa de los implicados llegó a un entendimiento con la Fiscalía luego de que las investigaciones revelaran la existencia de sobrecostos y la no entrega de la totalidad de los vehículos contratados.
Cuestionamientos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
Uno de los aspectos más controvertidos del preacuerdo fue la reacción de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), que cuestionó el pacto al considerar que no incluye el reintegro total de los recursos ni aborda un posible delito de peculado por apropiación. El representante de la Agencia calificó como un “absurdo jurídico” la posibilidad de asociar los hechos con ese tipo penal, generando un debate sobre la magnitud del daño patrimonial causado al Estado. Según la Andje, el incremento patrimonial injustificado estimado en el caso asciende a 4.330 millones de pesos, mientras que los desembolsos fiduciarios parciales acumulados alcanzan los 25.375 millones de pesos.
El rol de los procesados en la trama de corrupción
De acuerdo con el expediente, Sonia Romero habría actuado como “enlace” entre la estructura investigada y los contratistas, suministrando información técnica antes del proceso de selección para favorecer a determinados oferentes. Por su parte, Édgar Echeverri habría participado en la falsificación de documentos y actas para registrar entregas de carrotanques que nunca se realizaron, entre noviembre de 2023 y enero de 2024. Ambos procesados hacen parte de una investigación más amplia que salpica a otros implicados, entre ellos César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, quien permanece prófugo de la justicia desde hace más de un año.
El caso, que ha generado repercusión nacional por el monto del contrato y el destino de los recursos destinados a paliar la crisis de agua en La Guajira, sigue siendo objeto de seguimiento por parte de las autoridades. La audiencia del 4 de noviembre será clave para definir si el preacuerdo se consolida o si el proceso continúa su curso en los estrados judiciales, en medio del clamor ciudadano por justicia y transparencia en el manejo de los dineros públicos.
