La Fiscalía General de la Nación decidió mantener en sus manos el expediente contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por las masacres de La Granja (1996) y El Aro (1997), al negarse a enviarlo a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, pese a la solicitud formal que hizo el presidente de ese órgano legislativo, el congresista Carlos Cuenca.
La determinación fue comunicada mediante un oficio remitido al legislador Cuenca por la fiscal delegada Marcela Abadía, quien ratificó que la institución encargada de la persecución penal conserva la competencia legal para continuar con el trámite de este caso. De esta manera, la Fiscalía, que dirige la fiscal general Luz Adriana Camargo, rechazó el argumento del congresista, quien sostenía que la Comisión de Acusaciones es el juez natural para procesar a exmandatarios por hechos vinculados al ejercicio de sus funciones públicas.
La solicitud de traslado había sido presentada por Carlos Cuenca, quien, en su calidad de presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, pidió que el expediente fuera remitido al Legislativo. Sin embargo, la fiscal delegada respondió que el organismo investigador considera que no ha perdido su competencia y que, por tanto, el caso seguirá su curso en la Fiscalía General. La información fue revelada por el diario El Tiempo, que tuvo acceso al oficio en el que la fiscal Abadía expone su postura.
Un caso que sigue en la justicia ordinaria
La decisión de la Fiscalía mantiene la investigación por las masacres de La Granja y El Aro en el ámbito de la justicia ordinaria, sin que hasta el momento se haya definido una fecha para una eventual imputación de cargos o una decisión de fondo sobre el expediente. La negativa a remitir el caso a la Comisión de Acusaciones deja abierta la posibilidad de que el expresidente Uribe Vélez sea procesado por la vía penal común, lo que marca un nuevo capítulo en el largo historial judicial que rodea al exmandatario por estos hechos ocurridos en el departamento de Antioquia a mediados de los años noventa.
El presidente de la Comisión de Acusaciones, Carlos Cuenca, había solicitado formalmente el traslado del expediente, argumentando que la Constitución y la ley le otorgan a ese cuerpo la facultad de investigar y juzgar a altos funcionarios del Estado, como los expresidentes, cuando las conductas investigadas estén relacionadas con sus funciones oficiales. Sin embargo, la fiscal delegada, Marcela Abadía, sostuvo que la Fiscalía General de la Nación mantiene la competencia legal para continuar con el trámite de este caso, desestimando así el argumento del legislador.
Esta noticia se encuentra en desarrollo, y se espera que en los próximos días se conozcan nuevas reacciones tanto de la defensa del expresidente Uribe como de las partes que han intervenido en el proceso, así como una eventual postura de la Comisión de Acusaciones frente a la negativa de la Fiscalía a remitir el expediente.
