Un nuevo episodio de polarización social sacude a Bogotá luego de que Jorge Eduardo Barón, hijo del reconocido presentador de televisión Jorge Barón, calificara a los habitantes de calle como «personas desechables» y «miserables» tras ser víctima de un intento de hurto en el centro de la capital. El incidente ocurrió el pasado 26 de agosto de 2026, cuando un hombre en situación de calle intentó apuñalarlo con un cuchillo, acción que Barón logró evitar al escapar del ataque. Minutos después, el empresario publicó un video en sus redes sociales en el que arremetió contra esta población, generando una ola de críticas que lo acusan de clasismo y aporofobia.
En el video que desató la controversia, Barón afirmó que «Bogotá necesita mano dura, que necesitamos controlar esa situación de habitantes de calle. Ellos son personas desechables, miserables, que no le aportan nada a la sociedad, que están en un estado de drogadicción sin precedentes y que la administración pública tiene que hacer algo». Las declaraciones rápidamente provocaron el rechazo de funcionarios distritales y analistas políticos, quienes señalaron que sus palabras promovían la discriminación y la estigmatización de un grupo ya vulnerable.
Reacciones de funcionarios y analistas
El secretario general de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Miguel Silva Moyano, calificó el pronunciamiento de Barón como «despreciable» y recordó que «en el mundo entero el fenómeno de habitabilidad de calle es un asunto urbano complejo que tiene que ver con salud mental, consumo problemático de drogas, pobreza extrema entre otros». Por su parte, el politólogo Juan Lozano fue más allá al denunciar que las expresiones de Barón representan «la deshumanización absoluta de todo un grupo social» y las acusó de hacer una generalización «indebida» que podría justificar discursos de «limpieza social».
«En el mundo entero el fenómeno de habitabilidad de calle es un asunto urbano complejo que tiene que ver con salud mental, consumo problemático de drogas, pobreza extrema entre otros»
Miguel Silva Moyano, secretario general de la Alcaldía Mayor de Bogotá
La defensa de Barón
Ante la avalancha de críticas, Jorge Eduardo Barón ofreció una entrevista a Infobae Colombia en la que intentó matizar sus declaraciones. Allí sostuvo que sus palabras fueron «sacadas de contexto» y que no pretendía generalizar a toda la población indigente. «Yo no quiero generalizar a toda la población indigente, sino quiero especificar que hay una población indigente que está afectada por la drogadicción y que esos vicios los vuelven completamente violentos», explicó. Agregó que «ningún criminal merece algo menos que un adjetivo y especialmente el caballero que trató de acuchillarme, naturalmente merece ese adjetivo. Yo no estoy hablando de personas que estén en situación de calle por otras razones».
El empresario también se defendió de las acusaciones del secretario Silva, a quien calificó de «desafortunado» y desconocer «el trabajo que yo he hecho por muchas personas en Bogotá». En su relato, Barón aseguró que algunos habitantes de calle hacen parte de grupos al margen de la ley que operan en la ciudad, y que «entran a los negocios como si nada a acosar a los clientes y casi que a extorsionar a la gente». No obstante, reconoció que la drogadicción es un problema de salud pública que requiere abordaje de profesionales en salud mental, y pidió una política de «mano dura» que incluya mayor presencia de autoridades en parques y espacios públicos.
«Las declaraciones del secretario general son completamente desafortunadas y realmente desconocen el trabajo que yo he hecho por muchas personas en Bogotá»
Jorge Eduardo Barón
Un debate que expone las grietas sociales
El episodio ha reavivado el debate sobre la seguridad en Bogotá y la forma en que se aborda la situación de los habitantes de calle. Mientras Barón insiste en que los delitos cometidos por esta población deben ser penalizados y que la institucionalidad debe enfocarse «primero» en las personas trabajadoras que son víctimas de los delincuentes, sus críticos advierten que el discurso de la «mano dura» puede derivar en acciones de limpieza social y estigmatización. La controversia deja en evidencia la complejidad de un problema urbano que combina salud mental, consumo de drogas, pobreza extrema y la necesidad de políticas integrales, en una ciudad donde la polarización entre seguridad y derechos humanos sigue sin encontrar un punto de equilibrio.
