La senadora Jennifer Pedraza radicó una demanda de nulidad electoral ante la Sección Quinta del Consejo de Estado contra el nombramiento de Rodolfo Andrés Londoño de la Espriella como representante de la Presidencia ante los consejos superiores de cinco universidades públicas del país. La acción judicial, presentada tras la expedición del Decreto 1310 del 25 de agosto de 2026 del Ministerio de Educación, cuestiona que el designado es primo del presidente Abelardo de la Espriella, lo que, según la congresista, constituye una violación directa del artículo 126 de la Constitución Política, que prohíbe a los servidores públicos nombrar a parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad en el ejercicio de funciones públicas.
El decreto, firmado por el presidente de la República y la ministra de Educación, Vivian Morales, designó a Londoño de la Espriella, quien es sacerdote, abogado de la Pontificia Universidad Javeriana y capellán de la Presidencia, como delegado del Ejecutivo en los consejos superiores de la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Antioquia, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad del Valle y la Universidad del Atlántico. La demanda fue dirigida contra el Ministerio de Educación, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y el propio designado, y busca anular el acto administrativo por considerar que se configura un caso de nepotismo.
“No sabe que la Constitución prohíbe el nepotismo”
En su cuenta de la red social X, la senadora Pedraza fue contundente al criticar la decisión del mandatario. “Parece que el gran jurista @ABDELAESPRIELLA no sabe que la Constitución prohíbe el nepotismo y el nombramiento de primos (hasta 4to grado de consanguinidad) en el ejercicio de funciones públicas. Acabo de radicar una demanda contra el nombramiento del Presidente a su primo como delegado en los Consejos Superiores Universitarios de las Universidades Nacional, Pedagógica, de Antioquia, del Valle y del Atlántico”, escribió la legisladora, quien además instó al presidente a “respetar la Constitución y a las Universidades Públicas”.
“Parece que el gran jurista @ABDELAESPRIELLA no sabe que la Constitución prohíbe el nepotismo y el nombramiento de primos (hasta 4to grado de consanguinidad) en el ejercicio de funciones públicas. Acabo de radicar una demanda contra el nombramiento del Presidente a su primo como delegado en los Consejos Superiores Universitarios de las Universidades Nacional, Pedagógica, de Antioquia, del Valle y del Atlántico”
Jennifer Pedraza, senadora
La congresista del Pacto Histórico, Isabel Vera, también se sumó a las críticas y anunció que presentará su propia demanda contra el nombramiento. “Hoy mismo demandaré el nombramiento de la designación del primo de Abelardo, Londoño de La Espriella, a los Consejos Superiores de 5 universidades de Colombia, porque su nombramiento viola el régimen de inhabilidades por conflicto de interés. Lo peor es que no se trata de un académico o científico, es un sacerdote. Éste NO es el gobierno de los nunca, sino del NEPOTISMO”, afirmó Vera, cuestionando la idoneidad del perfil del designado para ocupar un cargo que, según el artículo 126 constitucional, exige garantías de independencia y transparencia.
“Hoy mismo demandaré el nombramiento de la designación del primo de Abelardo, Londoño de La Espriella, a los Consejos Superiores de 5 universidades de Colombia, porque su nombramiento viola el régimen de inhabilidades por conflicto de interés. Lo peor es que no se trata de un académico o científico, es un sacerdote. Éste NO es el gobierno de los nunca, sino del NEPOTISMO”
Isabel Vera, congresista del Pacto Histórico
El nombramiento de Rodolfo Andrés Londoño de la Espriella se produjo en los primeros meses de la administración de Abelardo de la Espriella, quien asumió la Presidencia de la República. La designación, formalizada mediante el Decreto 1310 del 25 de agosto de 2026, fue firmada por el presidente y la ministra de Educación, Vivian Morales. La demanda de la senadora Pedraza se suma a las crecientes críticas de sectores políticos y académicos que consideran que el nombramiento vulnera el régimen de inhabilidades establecido en la Constitución, que busca evitar conflictos de intereses y garantizar la idoneidad de quienes ejercen funciones públicas. El Consejo de Estado deberá ahora pronunciarse sobre la nulidad solicitada, en un caso que pone nuevamente en el centro del debate los límites del poder presidencial y la vigilancia del nepotismo en la administración pública.
