El médico internista y endocrinólogo, creador de contenido digital conocido como Dr. Rawdy, lanzó una contundente denuncia este jueves 27 de agosto de 2026 al afirmar que la joven Yenifer García no falleció de manera accidental durante un tatuaje con sedación en su vivienda, sino que fue asesinada producto de una práctica ilegal y negligente. Según el especialista, la muerte ocurrió en el barrio La Resurrección, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en Bogotá, luego de que se le administraran anestésicos como ketamina y sedantes como midazolam, medicamentos controlados que fueron suministrados por un auxiliar de enfermería sin la formación ni la autorización legal para realizar este tipo de procedimientos. “Jennifer García no murió. A Jennifer la mataron. Porque muchos están diciendo: murió, murió, murió. Y no, no murió, la mataron”, sentenció el galeno, quien señaló que el principal responsable es un auxiliar de enfermería, dejando claro que, aunque no sea médico, es penalmente responsable por sus actos.
En su intervención, Dr. Rawdy cuestionó la laxitud con la que se aborda este tipo de tragedias, especialmente cuando los implicados son colombianos. Recordó que hace apenas dos meses, en junio de 2026, la joven Yulixa Toloza perdió la vida en circunstancias casi idénticas, pero en aquella ocasión los medios y la opinión pública hablaban abiertamente de asesinato, pues los responsables eran de nacionalidad venezolana. “Hace dos meses murió Yulixa y todos hablábamos: ‘Mataron a Julitza. Los asesinos de Julitza. A Julitza la mataron’. ¿Por qué? Porque los que tenían responsabilidad eran venezolanos y ahora: murió, murió, murió. No, no murió. La mataron, le quitaron la vida, le hicieron un procedimiento en un lugar que no se debía hacer, le colocaron medicamentos personas que no tenían la pericia para hacerlo”, denunció el médico.
Condena a la práctica clandestina y falta de control estatal
El doctor fue enfático al calificar a quienes realizan estos procedimientos sin la mínima preparación como delincuentes homicidas. “Cualquier persona que sea capaz de dar sedación o que intente dar sedación con anestésicos como la ketamina y sedantes como el midazolam sin tener la mínima preparación y sin saber qué hacer en casos de complicaciones, como lo sabe un anestesiólogo, es un homicida, es un delincuente”, afirmó. Además, reveló que el costo de la sedación en este caso fue de 600.000 pesos colombianos, una cifra que considera irrisoria frente al valor de una vida. “¿Cómo que una sedación por seiscientos mil pesos? ¿Cómo que una sedación sin un anestesiólogo? ¿Cómo es que siguen haciéndose procedimientos quirúrgicos en lugares de garaje? ¿Cómo es que le siguen poniendo su cuerpo y su vida, su dignidad, su integridad y la salud mental de sus familias a carniceros, a personas que no tienen la pericia para hacer lo que están haciendo?”, cuestionó.
«Jennifer García no murió. A Jennifer la mataron. Porque muchos están diciendo: murió, murió, murió. Y no, no murió, la mataron»
Dr. Rawdy, médico internista y endocrinólogo
El especialista no solo apuntó contra los ejecutores directos, sino también contra los que facilitan la cadena ilegal. “Aquí hay un delincuente, el que cometió el delito y colocó los medicamentos. Hay otro delincuente, quien se los vendió. Pero ¿y la Secretaría de Salud que tiene que regular la venta ilegal de este tipo de fármacos qué? ¿La responsabilidad qué? ¿Cuántos muertos más? ¿Dos más? ¿Tres más? ¿Cuántos más? Porque también hay que poner en cintura a las instituciones que deberían tener un control sobre esto. Y sigue pasando y siguen costando vidas”, manifestó. En ese sentido, hizo un llamado urgente a las autoridades y a la ciudadanía para que se tomen medidas drásticas contra la venta clandestina de medicamentos controlados y para que se evite a toda costa la realización de procedimientos estéticos en lugares no autorizados.
Dr. Rawdy también expresó su tristeza y preocupación por el hecho de que un profesional de la salud esté involucrado en esta tragedia, lo que, según dijo, empaña la imagen de todo el gremio en medio de una situación económica difícil para muchos trabajadores del sector. “Nosotros estamos pasándola mal. Nuestra situación económica, no encontramos trabajo, no hay oportunidades, cuando trabajamos nos explotan. Pero absolutamente nada justifica cometer un crimen contra una persona. Pero el desespero de muchos lo hace cometer este tipo de actos que no tienen ninguna justificación”, concluyó, advirtiendo que si no se actúa con celeridad, la próxima víctima podría ser cualquier persona.
