Cinco congresistas del Pacto Histórico votaron a favor de que la Fiscalía General, y no la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, continúe con la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en las masacres de El Aro y La Granja, así como en el asesinato del líder humanitario Jesús María Valle. La votación, que tuvo lugar el 19 de agosto en la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara en Bogotá, desató una crisis interna en la coalición de gobierno y un enfrentamiento público con la senadora Isabel Zuleta, quien expresó su «inmensa tristeza y preocupación» por la postura de sus compañeros. La decisión contó con 15 votos a favor, uno en contra y uno excluido, y fue apoyada por congresistas del Partido Liberal, Cambio Radical, Centro Democrático, La U, Citrep y el mismo Pacto Histórico.
Los hechos que se imputan a Uribe ocurrieron entre 1996 y 1998, cuando se desempeñaba como gobernador de Antioquia, es decir, antes de su presidencia (2002-2010). La Corte Suprema de Justicia declaró en 2018 estos crímenes como delitos de lesa humanidad e imprescriptibles. La votación en la Comisión de Acusaciones, que el Pacto Histórico ha calificado como «comisión de absolución», busca clarificar la competencia procesal, ya que los crímenes ocurrieron cuando Uribe no era presidente. La Fiscalía General ya rechazó la solicitud de traslado del expediente, y la Corte Constitucional deberá dirimir la controversia.
El voto que divide al Pacto Histórico
Los representantes Gabriel Becerra, David Alejandro Toro, María del Mar Pizarro, Heráclito Landínez y Jorge Bastidas, todos del Pacto Histórico, emitieron un comunicado conjunto justificando su voto como «razonable y jurídicamente pertinente» para clarificar la competencia procesal. Sin embargo, la senadora Isabel Zuleta, víctima de desplazamiento forzado de Ituango, Antioquia, fue contundente en su crítica. «Con una inmensa tristeza y preocupación quedé con la explicación dada por el @PactoCol, entiendo que el CD fue el que impulsó la proposición y que tenían la mayoría de votos, pero así hubiésemos perdido el deber moral era votar no, dejar las constancias que las víctimas esperamos», declaró Zuleta, quien también advirtió que «el efecto práctico de esto es que los abogados de la defensa del señor Uribe pedirán que se aplace la indagatoria prevista para el 4 de septiembre en la @FiscaliaCol». La senadora Carolina Corcho, también del Pacto Histórico, se sumó a la crítica: «No es aceptable el voto que hicieron».
«Con una inmensa tristeza y preocupación quedé con la explicación dada por el @PactoCol, entiendo que el CD fue el que impulsó la proposición y que tenían la mayoría de votos, pero así hubiésemos perdido el deber moral era votar no, dejar las constancias que las víctimas esperamos»
Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico
Desde el otro lado del espectro político, el representante de la Alianza Verde Mauricio Toro calificó la situación como «la hipocresía del Pacto Histórico en su máxima expresión». Mientras tanto, el representante del Pacto Histórico Gabriel Becerra defendió la postura de su grupo: «No existe ni existirá acuerdo político alguno que comprometa la justicia, la verdad o los derechos de las víctimas». La senadora Zuleta, quien ha documentado más de 200 masacres en el cañón del río Cauca, afirmó que Uribe «nunca debió ser presidente de nuestro país porque su participación quedó probada» y pidió «justicia a la Fiscalía».
El futuro procesal de Uribe
La indagatoria del expresidente Álvaro Uribe está prevista para el 4 de septiembre en el búnker de la Fiscalía General, aunque la defensa podría solicitar su aplazamiento tras la votación de la Comisión de Acusaciones. La controversia sobre la competencia procesal ahora deberá ser resuelta por la Corte Constitucional, mientras las víctimas de las masacres de El Aro y La Granja y la familia de Jesús María Valle esperan que el proceso no se dilate. La crisis interna en el Pacto Histórico expone las tensiones entre la lealtad política y el deber moral con las víctimas de crímenes de lesa humanidad, en un caso que sigue marcando la historia judicial y política de Colombia.
