La Unidad Nacional de Protección (UNP) tomó la decisión de retirar de manera definitiva los esquemas de seguridad oficiales que estaban asignados a Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y Beto Coral, tres figuras afines al presidente Gustavo Petro y al Pacto Histórico. Según informó la entidad, la medida se adoptó tras completar un estudio técnico de riesgo que determinó que ninguno de los tres presentaba niveles de amenaza extraordinarios que justificaran la continuidad de la protección, la cual incluía escoltas, vehículos y combustible. Este movimiento, que representa un ahorro cercano a los 40 millones de pesos mensuales para el presupuesto general del país, se enmarca en la política de la UNP de redirigir los recursos hacia líderes sociales, defensores de derechos humanos y personas con riesgo extraordinario o extremo comprobado.
Gabriela Muñoz, activista, creadora de contenido y estudiante de Derecho, había recibido protección tras denunciar intimidaciones, pero la UNP aclaró que la Fiscalía no solicitó escoltas directos, sino únicamente un estudio de riesgo. Tras la evaluación, se concluyó que las condiciones de peligro ya no se mantenían, lo que llevó a la cancelación del esquema. Por su parte, Juliana Guerrero, exfuncionaria vinculada al exministro Armando Benedetti, perdió su protección en medio de procesos penales por la presunta falsificación de títulos y una investigación por una supuesta red de contratación irregular. Beto Coral, también creador de contenido, vio retirada su seguridad después de que se comprobara que le fue otorgada de forma inmediata a su deportación desde Estados Unidos, sin que mediaran las evaluaciones previas correspondientes.
Contexto de las investigaciones y las evaluaciones técnicas
La UNP aplicó evaluaciones periódicas normativas que revisan la persistencia de amenazas directas, la exposición pública y la proporcionalidad del gasto público frente al riesgo real. Este proceso determinó que los tres no cumplían con los niveles de amenaza exigidos por la normatividad vigente para mantener la asignación de los esquemas. En el caso de Beto Coral, la decisión se produce en un contexto donde investigaciones lo señalan por un cobro inicial de un millón de pesos por gestionar reuniones, un anticipo de 200 millones de pesos para trámites contractuales y una comisión del 10% sobre el valor total del contrato, según pesquisas relacionadas con Juliana Guerrero. Adicionalmente, Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y exgerente del Fondo de Adaptación, señaló a Gabriela Muñoz por presunta injerencia en decisiones administrativas en la Aeronáutica Civil, mientras que Guerrero ha negado formalmente la existencia de los cobros irregulares que se investigan.
