Seis meses después del asesinato del empresario Gustavo Aponte y su escolta, el subintendente retirado de la Policía Luis Gabriel Gutiérrez, ocurrido el 11 de febrero de 2026 en el exclusivo sector de La Cabrera, al norte de Bogotá, la Fiscalía ha establecido que el ataque fue un error de objetivo. Las víctimas, según la hipótesis oficial, no eran los blancos planeados por la estructura criminal que ejecutó el homicidio. En paralelo, las autoridades confirmaron la captura de uno de los presuntos implicados, mientras que la familia del escolta fallecido alza la voz para denunciar fallas en el esquema de seguridad que protegía al empresario y una preocupante falta de información sobre el rumbo de la investigación.
El capturado fue identificado como Leonel Enrique Llanos Paternina, señalado por la Fiscalía de haber realizado labores de vigilancia y logística en los días previos al crimen. Llanos Paternina fue presentado ante un juez de control de garantías en Villavicencio, donde se declaró inocente de los cargos. Sin embargo, las autoridades ya tienen identificados a otros siete presuntos integrantes de la banda, conocidos solo por sus alias: Moncayo, JJ, Bamb, Pequeño, Junio, Zorros y Carepapa. Según la investigación, este grupo criminal coordinó el seguimiento y la ejecución del ataque a través de un grupo de WhatsApp denominado «Los Gladiadores”. De estos siete sospechosos, todos continúan prófugos de la justicia.
“Fueron las personas equivocadas”: el dolor de una familia que exige respuestas
Miguel Ángel Gutiérrez, hermano de Luis Gabriel, el escolta asesinado, ha sido la voz de la familia en medio del duelo y la incertidumbre. Con una mezcla de tristeza e impotencia, se refirió a la hipótesis del error de la Fiscalía. “Con profunda tristeza”, dijo, “las víctimas fueron las personas equivocadas que pagaron por este gravísimo error”. La declaración, cargada de dolor, refleja el desconcierto que embarga a los seres queridos de las víctimas, quienes no logran comprender cómo un error de planeación criminal pudo arrebatarles la vida a dos personas inocentes. “Todos en la familia estamos consternados, tristes y con impotencia, porque queda uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto?”, expresó Miguel Ángel, en un reclamo que resuena como un eco de la injusticia.
La familia del escolta no solo lidia con la pérdida, sino con la sospecha de que el fatal desenlace pudo haberse evitado. Luis Gabriel Gutiérrez, quien se había retirado de la Policía Nacional antes de convertirse en escolta privado, llevaba entre cuatro y cinco años al servicio del empresario Gustavo Aponte. Según su hermano, el escolta era consciente de los riesgos que enfrentaba. “Él siempre manifestaba que el esquema de seguridad no era lo suficientemente robusto para cubrirlo, a don Gustavo”, reveló Miguel Ángel. La advertencia, que quedó en el aire, se materializó de la peor manera posible el día del ataque. “Solo estaba mi hermano”, denunció el familiar, cuestionando la decisión de exponer a un único escolta a una operación criminal que, como se supo después, involucraba a una estructura compleja y bien organizada.
“Yo lo único que pido es que de verdad se haga justicia, que capturen a todos los implicados. Sí queremos ver que hay una ley, que hay una justicia que es eficaz”.
Miguel Ángel Gutiérrez, hermano del escolta fallecido
Además de la denuncia sobre la seguridad, la familia de Luis Gabriel Gutiérrez enfrenta un muro de silencio por parte de las autoridades. Aseguran que la investigación avanza sin que ellos reciban información clara y oportuna. Miguel Ángel Gutiérrez explicó que los datos sobre el caso, “en teoría”, le llegan a su cuñada Ema, pero sin ningún acompañamiento oficial por parte de la Fiscalía. La familia desconoce si los allegados del empresario Gustavo Aponte tienen acceso a más elementos de juicio, posiblemente por la participación del exfiscal Mario Iguarán en el caso. Esta falta de comunicación ha profundizado la sensación de abandono y desprotección en un momento en que lo único que piden es verdad y justicia.
El crimen no solo arrebató a un profesional que velaba por la seguridad de otro, sino a un pilar fundamental de su hogar. Luis Gabriel Gutiérrez había asumido un rol de apoyo crucial en su familia tras la muerte de su padre, ocurrida apenas un año antes del atentado. Su hermano lo recuerda como un hombre entregado a los suyos. “La vida de él eran sus hijos, su familia”, afirmó Miguel Ángel. La víctima deja dos hijos: una niña de seis años y un joven de 19 años. Hoy, esa familia rota clama que el sistema judicial actúe con celeridad y contundencia, no solo para castigar a los responsables, sino para sentar un precedente que demuestre que en Colombia la justicia puede ser eficaz. “Yo lo único que pido es que de verdad se haga justicia, que capturen a todos los implicados”, reiteró Miguel Ángel. “Sí queremos ver que hay una ley, que hay una justicia que es eficaz”, concluyó, en un llamado que trasciende el caso particular y apela a la credibilidad de las instituciones.
