En medio de una fuerte presión fiscal agravada por el terremoto del 10 de agosto de 2026, que dejó un plan de reconstrucción estimado en 30 billones de pesos, la Cámara de Representantes recibió dos proyectos de ley del Centro Democrático que buscan desmontar gradualmente el Gravamen a los Movimientos Financieros, conocido como 4×1.000. El senador Christian Garcés presentó una iniciativa que propone reducir la tarifa en 0,5 puntos por cada mil pesos transados cada año, desde 2028 hasta llegar a 0x1.000 en 2035, mientras que el representante a la Cámara por Bogotá, Daniel Briceño, radicó un proyecto enfocado en eliminar el cobro en las transferencias entre cuentas propias. Ambos proyectos llegan en un momento en que el país enfrenta un déficit fiscal que oscila entre el 7,1% del PIB según Fitch Ratings y el 7,8% que reporta el Gobierno, y un Presupuesto General de la Nación para 2027 que ya arrastra un desfinanciamiento de 30 billones de pesos.
El impuesto, que hoy cobra 4 pesos por cada 1.000 pesos transados, fue creado el 16 de noviembre de 1998 como una medida temporal de 2×1.000 durante la crisis financiera, amparado en el estado de emergencia económica, pero luego se volvió permanente. Actualmente, la reforma tributaria de 2022 estableció una exención automática de 350 UVT mensuales por persona, equivalente a 18.330.000 pesos con la UVT de 2026 fijada en 52.374 pesos, que aplica tanto para cuentas bancarias como para billeteras digitales como Nequi y Daviplata. El recaudo anual del tributo se sitúa entre 15 billones de pesos, según registros de la Dian, y 18 billones de pesos, de acuerdo con cifras citadas por el exdirector de Fiscalización del organismo, Christian Quiñónez, y el profesor de Hacienda Pública de la Universidad del Rosario, Henry Amorocho. La eliminación total del gravamen representaría, según Amorocho, casi un punto del PIB.
Voces de los expertos: riesgo fiscal y contradicción con la emergencia
Los analistas consultados coinciden en que, aunque la intención de aliviar la carga a hogares y empresas es comprensible, la eliminación del impuesto en el contexto actual resulta fiscalmente riesgosa. Alfredo Marentes, analista de mercados de VT Markets, señaló que «es una medida comprensible como gesto de alivio para los hogares y empresas afectados, pero fiscalmente riesgosa si se aplica de forma generalizada». El analista advirtió que el 4×1.000 es «una de las fuentes de caja más líquidas y estables del Estado; eliminarlo sin una fuente de reemplazo comprometería justamente los recursos que se necesitan para financiar la reconstrucción». En sus palabras, «eliminar el 4×1.000 podría convertirse, en cambio, en un problema adicional de financiamiento justo cuando el país más necesita capacidad de gasto».
«No se puede hablar o proponer a la ligera la eliminación de tributos. Esto no es un recreo de propuestas, sobre todo que busquen un ánimo popular».
Christian Quiñónez, exdirector de Fiscalización de la Dian y CEO de Clevertax
Quiñónez fue enfático al señalar la contradicción de eliminar ingresos en medio de una emergencia: «Uno no puede cubrir una emergencia que representa un aumento del gasto extraordinario eliminando ingresos. Eso es totalmente contradictorio». Y añadió que «para hablar de eliminar impuestos, primero hay que tener claridad sobre la fuente sustitutiva de esos impuestos que se pretenden eliminar. Máxime ahora que estamos en emergencia». Por su parte, Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Universidad del Rosario, consideró que «desaparecer el tributo de manera gradual, para mí, no sería la alternativa más apropiada. Porque ya hemos dicho dentro de las desventajas que hay, que desde luego el impuesto del 4×1.000 viene fomentando la informalidad e incentiva el uso del efectivo, castigando las transacciones y siendo inequitativo en el gravamen al momento de gravar igualmente a ciudadanos y corporaciones con la misma imposición».
«Desaparecerlo hoy de manera contundente no es posible porque hoy el país necesita caja. Ni de manera gradual tampoco se puede hacer ahorita porque el país necesita caja y necesita caja para financiar un proyecto de Presupuesto que ya venía desfinanciado en 30 billones de pesos y un proceso de reconstrucción que vale 30 billones de pesos».
Henry Amorocho, profesor de la Universidad del Rosario
Amorocho propuso que la eliminación del 4×1.000 se aborde en el marco de una reforma tributaria integral, que la actual Administración ha anunciado para finales de septiembre. «En esa reforma tributaria integral debe aparecer la eliminación del impuesto al 4×1.000 y el aviso inmediato sobre de qué manera se pueden cubrir las rentas que se dejan de recibir del impuesto del 4×1.000, que en este momento son de 18 billones de pesos, aproximadamente», afirmó. Los expertos coinciden en que no hay claridad sobre la fuente sustitutiva de ingresos para reemplazar el recaudo, y que el Congreso ya ha descartado en varias oportunidades la eliminación permanente del tributo. La opción que gana consenso entre los técnicos es una exención focalizada y temporal, aplicable a créditos de reconstrucción, ayuda humanitaria y movimientos entre cuentas propias, exclusivamente en los municipios declarados en emergencia.
Otras medidas en estudio y propuestas complementarias
El proyecto de Garcés también faculta al Gobierno para decretar hasta tres días sin IVA al año sobre bienes específicos, mientras que el de Briceño es uno de los 21 proyectos de ley que presentó para el nuevo periodo legislativo. El Congreso estudia simultáneamente otras iniciativas para aliviar la crisis: una exención temporal del IVA en materiales e insumos de construcción, el aplazamiento de plazos y sanciones de la Dian para contribuyentes en los departamentos de Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Caldas, Chocó y Cauca, el congelamiento de arriendos y precios de materiales en zonas impactadas, y la exención de peajes en corredores viales dañados. Christian Quiñónez sugirió, además, un esquema de deducción tributaria futura, especialmente en el impuesto de renta, para las empresas que colaboren con la reconstrucción, y consideró que, en un escenario de estabilidad, el impuesto al patrimonio y los llamados «impuestos saludables» podrían ser candidatos a revisión por su menor peso en el recaudo. La base de contribuyentes del país, que de 10 millones potenciales solo tiene a 3 millones cumpliendo con sus obligaciones, añade otra capa de complejidad a cualquier discusión sobre desmonte tributario en un momento de máxima necesidad fiscal.
