La nueva sede presidencial alterna que Abelardo de la Espriella habilitó en el Batallón Paraíso de Barranquilla, apenas 23 días después de su posesión, está en el centro de una polémica por la falta de transparencia sobre su costo total, la financiación de las remodelaciones y la figura jurídica utilizada para recibir donaciones privadas en un predio militar. El inmueble, un edificio de estilo neoclásico republicano construido en 1938 sobre un terreno de 51 hectáreas en el exclusivo barrio Riomar, ya luce los letreros de “Presidencia de la República” y “Libertad y orden”, pero los mecanismos que permitieron su transformación en oficinas, salas de reunión, obras de arte y un búnker con sala de crisis siguen sin ser aclarados por las autoridades.
La Gobernación del Atlántico, bajo el mandato de Eduardo Verano, actuó como “canal institucional” para canalizar las donaciones directas a la Segunda Brigada del Ejército, pero hasta ahora no ha presentado un solo documento que respalde los aportes. En declaraciones a Blu Radio y La FM, el propio Verano mencionó a los hermanos Daes como los donantes de “ventanería, puertas y vidrio de seguridad”, sin precisar montos ni condiciones. Sin embargo, la Secretaría del Interior del Atlántico respondió al senador Ariel Ávila, el 28 de julio, que no encontró “registro, contrato, convenio, compromiso presupuestal, acto administrativo o documento alguno” relacionado con el proyecto. La Segunda Brigada, por su parte, remitió el asunto al Ministerio de Defensa, alegando que no estaba facultada para responder de manera integral.
Sin rastro documental de los aportes
Las cifras que circulan sobre el costo de las adecuaciones agravan la nebulosa. La revista Cambio recopiló información que apunta a unos 2.000 millones de pesos, pero la Gobernación asegura que esa suma corresponde a inversiones realizadas entre 2008 y 2010, no a la remodelación actual. El Ministerio de Defensa tiene registrado un contrato por 730 millones de pesos en 2026 para mantenimiento correctivo, preventivo y adecuación de bienes inmuebles del Cenac Barranquilla, aunque aclaró que no es específico para la sede presidencial. Además, el propio presidente de la Espriella donó muebles avaluados en 700 millones de pesos, prometió publicar las facturas, pero aún no lo ha hecho. El gobernador Verano, al ser consultado sobre la relación detallada de empresas aportantes, razones sociales, NIT, montos individuales y mecanismos jurídicos utilizados, admitió no tenerla.
“No hallamos registro, contrato, convenio, compromiso presupuestal, acto administrativo o documento alguno sobre el proyecto de adecuación de la sede presidencial en el Batallón Paraíso”.
Secretaría del Interior del Atlántico, respuesta al senador Ariel Ávila (28 de julio)
Cifras en el aire
Frente a la opacidad, el senador Ariel Ávila presentó un derecho de petición el 22 de julio solicitando documentación completa sobre las obras, su costo, su financiación y su finalidad. La respuesta evasiva llevó al representante Daniel Monroy, del Pacto Histórico, a interponer una acción de tutela, que fue aceptada y está en estudio. El Ministerio de Defensa, en una comunicación fechada el 19 de agosto, dijo que seguía recopilando información para entregar una respuesta “de fondo, completa y precisa” sobre las obras actuales, su costo, su financiación y su finalidad. La diseñadora de interiores Patricia Mejía, amiga personal del presidente, estuvo a cargo de la decoración interior, lo que añade un componente de cercanía que no disipa las dudas sobre el uso de recursos públicos o la legalidad de la intervención en un predio militar con fines presidenciales.
“La cartera de Defensa sigue recopilando información para entregar una respuesta de fondo, completa y precisa sobre las obras actuales, su costo, su financiación y su finalidad”.
Ministerio de Defensa, respuesta del 19 de agosto
Mientras la sede alterna funciona a pleno rendimiento, con oficinas y sala de crisis operativas, la ruta del dinero sigue sin reconstruirse con respaldo documental. La Gobernación insiste en que no destinó, comprometió ni ejecutó partidas del presupuesto departamental para las obras actuales, pero tampoco ha demostrado cómo se articularon las donaciones privadas que, según Verano, permitieron las remodelaciones. La falta de claridad sobre el costo total, la financiación y la figura jurídica de los aportes deja un velo de incertidumbre sobre una sede que, por su ubicación en un batallón y su uso como despacho presidencial alterno, debería cumplir con los más altos estándares de transparencia.
